Siete años han pasado del terrible suceso ocurrido la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, en Iguala, Guerrero, en el que 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de su libertad.
En vísperas de un aniversario más que recuerda la Desaparición Forzada de Iguala, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) realizó la conferencia: “Ayotzinapa 7 años. Memoria, verdad y justicia por los 43”.
Ahí participó el abogado defensor de familiares de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, quien hizo una recapitulación de los últimos años.
Y que aunque gracias a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, creada en la actual administración federal, se dio con los restos de dos de los desaparecidos (Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre), en la Barranca de la Carnicería, aún hay obstáculos que emanan de la propia autoridad.
“Hay 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado por omisión de la Agencia de Investigación Criminal, pues ha dilatado la ejecución; estamos hablando de seis meses que no se han ejecutado. Esas son personas que podrían aportar información sustancial”, añadió.
Lamentó que aunque han habido avances, a siete años no se tiene dilucidado lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre.
“No hay una solidez que dé cuenta de forma exhaustiva. Un obstáculo es que en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, que tuvo relación, hay un hermetismo de que sus miembros sean investigados”, mencionó.
La doctora Carmen Chinas Salazar, investigadora del CUCSH, recordó que gracias a los trabajos de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense, se ha desmentido la verdad histórica, construída por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“No hubo quema en el basurero de Cocula, está científicamente probado, porque la evidencia forense arrojó que hay biodiversidad que no coincide con un evento como el que describen”, externó la especialista en derecho constitucional y derechos humanos.
En el informe de estos comités, también se señalan omisiones e intervenciones para malear la investigación, como el hecho de que la “la PGR nunca reconoce que hay desaparición forzada; ellos lo llaman secuestro agravado, que tienen determinantes para minimizar los hechos, los cargos”, dijo.
“Que la contaminación de las pruebas pudo haber sido a propósito o de forma negligente, que su investigación está fragmentada de forma deliberada, hay falta acceso a información clave como a miembros del ejército, la PGR y las autoridades no han considerado otras líneas de investigación”, detalló.
Recientemente se dio a conocer que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa, en donde funcionarios públicos torturaron a informantes que presuntamente estaban involucrados en el caso.
Además, remitió al informe de Doble Injusticia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde se documenta cómo el gobierno de Peña Nieto obtuvo pruebas y confesiones mediante tortura.
“Pero la GIEI señala que el tiempo pasa y hace más difícil encontrar las evidencias y señala que romper los pactos de silencio e impunidad, sobre todo en autoridades locales coludidos con criminales, es complejo”.
Lamentó que lo ocurrido en Iguala, se ha repetido sistemáticamente en todo el país, donde policías municipales están involucrados en casos de desapariciones forzadas.
El doctor Santos Urbina, profesor investigador del CUCSH, recalcó que esta tragedia “es una muestra de la dimensión que había alcanzado el estado de descomposición del modelo impuesto, que fue el neoliberal”.
“Mientras estaba la lucha del reclamo, el gobierno había emprendido las peores reformas que en ese momento se implementaron para consolidar al estado profundamente desnacionalizado, corrupto y entregado al capital extranjero”, expresó.
Un movimiento que permeó a todo nivel
Para el académico del CUCSH Oscar López, el caso de los de Ayotzinapa reforzó tejidos sociales a escala barriales, no sólo por la apropiación de los espacios públicos y las redes sociales, sino a nivel cultural y artístico con murales, congresos de lectura, charlas con los padres de los jóvenes y más.
“Es una batalla por la narrativa y la vida cotidiana. Tanto así que muchos de estos lemas propios del movimiento ‘Ayotzinapa somos todos’ se volvió parte del léxico de indignación: ‘Fue el estado’, ‘Narcoestado’, ‘Ni uno más’, ‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’”, detalló.
“El movimiento ha permeado en práctica, discurso, narrativa y me atrevo a decir que hasta en organización, con movimientos como Justicia para los Compas de CAAV y Justicia para Giovanni López”.
El vocero de los padres de familia de los 43, Melitón Ortega, informó que exigen una respuesta para acabar con el dolor, la desesperación y rabia, y que el trabajo de la nueva administración no es suficiente.
“Esa demanda aún está muy lejos de resolver, de encontrar a los 43. El gobierno no ha tenido esa capacidad de trabajar con prontitud. Es un tema que no solucionan con diálogo, disposición ni buena voluntad, porque el dolor sigue ahí; la familia sigue esperando algo nuevo”, compartió.
Invitaron a una manifestación conmemorativa este domingo, a las 17:00 horas, en el Parque Rojo de Guadalajara.
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Guadalajara, Jalisco, 25 de septiembre de 2021
Texto: Iván Serrano Jauregui
Fotografía: José Díaz
