¿Cómo hacer efectivo el derecho a la educación en las cárceles? Más aún cuando no existen los espacios adecuados para impartir clases, no hay Internet y la sociedad estigmatiza a la comunidad penitenciaria. Y peor aún, en época de pandemia, que suspendió de un tajo la educación presencial en las prisiones.
Algunas de estas cuestiones fueron reflexionadas en el webinar “Pensar la prisión en confinamiento: la educación en contextos de encierro punitivo frente a la pandemia”, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la UdeG.
La investigadora en el Programa de Prevención de la Violencia y el Delito de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctora Claudia Alarcón Zaragoza, recordó que la gente que está en cárceles sólo pierde el derecho a la libertad y al ejercicio político, pero debe tener acceso a derechos fundamentales como la educación. Alarcón Zaragoza ha emprendido talleres de literatura y artes en los centros penitenciarios, lo cual tuvo que pararse en seco por la llegada de la pandemia del COVID-19.
“En las cárceles ha aumentado la población de jóvenes, por ello, la educación debería de ser prioridad, pero no es así por muchos factores. Uno es el modelo punitivo sobre las cárceles, la exclusión territorial, los antecedentes de adicciones que tienen impacto en el conocimiento, el rezago educativo de estos jóvenes y la perspectiva de género, pues la masculinidad mal entendida hacen que no sea prioridad estudiar, y en el caso de las mujeres hay un rezago educativo más amplio que en los hombres”, expuso Alarcón Zaragoza.
Otro problema, dijo Alarcón, es el autogobierno, pues a algunos presos les parece más redituable ser coptados por los grupos internos de la prisión que tener acceso a la educación, y aunque es derecho no se le puede exigir a los jóvenes que estudien.
“La sociedad castiga y considera que no se debería destinar recurso público para su educación, y eso es terrible. Además, no hay espacios adecuados para la educación; existen centros donde ni siquiera hay donde puedan sentarse a comer; entonces, me ha tocado dar clases junto a la salida del drenaje”, precisó Alarcón Zaragoza.
Detalló que los esfuerzos para otorgar educación media superior y superior se concentran en Estados del centro del país. Y uno de los obstáculos es que al llegar a las cárceles se encuentran con que la mayoría de la población de los reclusorios tiene como promedio de escolaridad la educación primaria, y no pueden acceder a prepa o licenciaturas.
“Muchos no tienen visitas familiares, y la presencia de quienes trabajamos en lo educativo, cultural o deportiva, se vuelve un elemento de interacción. Con la pandemia, mucho de eso se suspendió y es complicado seguir teniendo contacto”, lamentó la profesora.
Añadió que es erróneo pensar que todo el que está en la cárcel no merece que le sean garantizados sus derechos por ser un delincuente, porque, para empezar, muchas personas que están presas son inocentes o han recibido sentencias desproporcionadas. “La población predominante en prisión son de condiciones de pobreza claras”, denunció.
La investigadora del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), doctora Gezabel Guzmán Ramírez, explicó que los presos que estudian alguna licenciatura lo hacen sin acceso a Internet, leyendo fotocopias pagadas por los docentes; de forma precaria se han ido armando bibliotecas, pero no es suficiente. Los presos elaboran sus trabajos a mano, y desde la adversidad tecnológica y económica ejercen su derecho a la educación, dijo.
“Muchos estudian la licenciatura en Derecho, pues tienen el imaginario de que pueden auxiliar en sus propios casos y se dan cuenta de que si bien esto les ayuda a enfrentar el confinamiento, les otorga pensamiento crítico. Considero que debemos de estudiar para ampliar nuestra conciencia, y esto debe pasar con la gente privada de su libertad, repensar el mundo y salir de nuestra zona de confort. La educación es un acto político y un acto ético”, apuntó.
Guzmán Ramírez explicó que existe un imaginario punitivo entre la sociedad hacia la población de las cárceles. Recordó que cuando se publicó una nota en los periódicos respecto a la preliberación de 800 personas por estar contagiadas del COVID-19, los comentarios en las redes sociales los calificaban a todos de “ratas” o “perros”, y les deseaban incluso la muerte.
“Teníamos combinación donde hacemos símil de los seres humanos con animales, una verborrea de violencia para quitarles la condición humana. En México, de ocho personas en prisión cuatro son inocentes, pues el sistema judicial encarcela a personas que no deben estar allí. La cárcel tiene que humanizarse, mejorar aspectos de salud y educación, la asistencia emocional y la alimentación. El problema es que cada persona que entra en prisión forma parte de un engranaje de corrupción”, reflexionó Guzmán Ramírez.
La doctora Helen Juárez, investigadora titular de huertos orgánicos en el Centro Integral de Justicia Regional de Ciudad Guzmán, quien labora con la población carcelaria de ese municipio, declaró: “La actividad de huerto, en la que he venido trabajando, versa sobre cómo se vive desde la agricultura sustentable. El proceso que hemos tenido, desde finales de 2017, nos posiciona como un programa de reinserción en el que el huerto fortalece habilidades, actitudes y hábitos. El tener la posibilidad de seguir creciendo en conocimiento en torno a un tema es beneficioso, conocer otra forma de ver el campo y la producción desde la ética y los valores, y compartir conocimientos”, explicó.
Con la pandemia, sin embargo, se perdió el contacto personal con los presos que participaban, de modo que Juárez se dedicó a grabar 50 videos sobre horticultura y se los hizo llegar, con temas desde manejo del huerto hasta alimentación. Pero batallaron por la falta de autorización del centro penitenciario para la entrada de fertilizantes y otros insumos.
Helen Juárez dijo que las mujeres son cuatro veces más marginadas que los hombres. La diferencia entre el área varonil y la femenil es radical, por las condiciones precarias y la actitud de quienes están resguardándolas.
“Desde que yo llegué, jamás pregunté por cuáles delitos estaban ahí. Ellos mismos lo cuentan; algunos por tomar decisiones incorrectas al estar intoxicadas por drogas, pero nunca habrían delinquido si estuvieran en condiciones normales. Lo único que hago es vivir el momento, el espacio que estamos construyendo a partir de revalorarnos. Procuro no ver la parte del delincuente porque puedo ver otras cosas en ellos. Y es cierto, hay quienes tienen 16 años en prisión pagando culpas que no son suyas”, declaró Juárez.
La profesora asistente de la Red de Inmigración, Escuela y Sociedad, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), doctora Cristina Varela, explicó que en España la educación en prisión tiene dos niveles: el universitario, otorgado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el no universitario, que se enfoca en alfabetización, educación media superior o alfabetización para extranjeros; todo con el objeto de minimizar carencias formativas del alumnado.
“Esta escuela de adultos en prisión tiene beneficios: la mejora de desarrollo cognitivo, social y lingüístico. Además de la inclusión y la empleabilidad. Un certificado te ayuda posteriormente a tener un futuro laboral estable y en mejores condiciones. Es necesario, para continuar con otras enseñanzas; sin embargo, existen dificultades asociadas con el modelo penitenciario, como la no asistencia a clase por citas médicas o cambiar de prisión, y la ausencia de medios tecnológicos”, subrayó Varela.
Recordó que el 15 de marzo se dictó el confinamiento por dos meses en España, y actualmente las actividades se ha ido recuperando la actividad formativa, cultural y deportiva.
La mesa fue coordinada por la doctora Anayanci Fregoso, profesora investigadora del Departamento de Estudios en Educación de la UdeG, quien cuestionó que no existe una política institucional a nivel penitenciario para otorgar educación, sino que cada profesor gestiona y lo hace como puede.
“No hay lógica de política educativa que obligue a que todas las cárceles en México tengan espacios adecuados, y esto queda de manifiesto aún más con la pandemia. Y no hay como lo presencial, el cara a cara y el poder hablar con las otras personas”, puntualizó.
Dijo que en España existen alrededor de 50 prisiones femeninas frente a 88 masculinas, lo cual refleja que el entorno está pensado para la población masculina y conlleva muchas consecuencias como compartir espacios con distintos perfiles educativos, lo que impide tratamientos personalizados.
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"
Guadalajara, Jalisco, 19 de noviembre de 2020
Texto: Julio Ríos
Fotografía: Cortesía UdeG
