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Desde principios de los 80, los juristas comenzaron a trabajar y dar prioridad a las investigaciones relacionadas con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, comentó el profesor de antropología social, de la Universidad de Roma, Antonio Colajanni, en su conferencia “Una nueva dimensión de la cuestión indígena latinoamericana: la aportación de la antropología jurídica”, dentro del I Encuentro de antropología e historia. Diálogos entre Italia y México, en el marco de la XXII Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Agregó que desde los años 80 del siglo pasado, por primera vez en la historia comenzó a hablarse de libre “autodeterminación de los pueblos indígenas”, una idea que nació de los mismos indígenas y de su interés en aprovechar las leyes a su favor, y en el que los países de la América morena “han sido la punta de lanza de un proceso internacional que está expandiéndose”.

Dijo que en todas las constituciones enmendadas en las últimas décadas en países como Brasil, Guatemala, Colombia, Panamá, Ecuador o México, en 2001, declaran ser países multiétnicos, multiculturales, donde coexisten muchos pueblos y hablan diversas lenguas y hay multitud de formas de vida.

“Ya los vascos en España, por ejemplo, hablan de esos mismos temas. La influencia de esos tópicos se extiende por varias de las comunidades europeas, y de esa influencia han sacado ideas para reconstruir una nueva forma de gobernarse y generar el Estado del futuro. No hablamos sólo de una minoría antigua, perdida y folclórica, sino del futuro de toda la humanidad.

“Comienza a cambiar la orientación de los derechos humanos, porque ellos han cambiado su enfoque. Los pueblos indígenas tienen relación con el mundo internacional, y entienden bien la llamada globalización. No están restringidos. Asistimos a una nueva globalización, que viene desde abajo. Ellos tienen raíces internacionales y relaciones de todo tipo. Vienen a Europa y saben tratar con el gobierno, por lo que nos dan ejemplos importantes de como grupos minoritarios y explotados pueden hacer sentir su voz”.

Al dirigirse al público ahí presente, la mayoría miembros de la licenciatura en antropología, de la Universidad de Guadalajara, el investigador italiano dijo que a muchos antropólogos no interesa la parte jurídica, lo cual “es muy malo”, ya que “la fusión entre antropología y derecho en nuestros tiempos es algo fundamental”.

Por lo mismo, añadió, atrás deben quedar los antropólogos de fin de semana, que van unas horas a tomar sólo algunas notas y “regresan a tomarse unas copas a la cantina. Hay que ir en actitud de aprendizaje. La documentación antropológica y sociológica ha cambiado. Hay que observar y pagar el tiempo de la observación. A veces, hay que estar semanas completas, pues las comunidades no son museos, sino que emergen y los acontecimientos suceden día tras día”.

“Algo también necesario es entender que la antropología es una actividad pluridisciplinaria por constitución. No puede hablarse de productos ya enmarcados en una profesión que es difícil, además de que en la actualidad no puede entenderse a las comunidades autóctonas como comunidades aisladas, con sus ritos, danzas, música y folclor. Si queremos aprender su música, debemos antes estudiar música; si queremos entender de leyes, debemos tener estudios de derecho.

“Además, nosotros somos productores de documentos. Somos fuente, testigos, actores. Como los antiguos misioneros de hace 500 años, tenemos que saber documentar nuestras investigaciones, para que nuestra investigación personal sirva de referencia para los demás en el futuro”.

Guadalajara, Jal., 5 de diciembre de 2008
Texto: Juan Carrillo Armenta
Fotografía: Abel Hernández
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas

“Un fantasma recorre la sociedad mexicana: el fantasma del Estado fallido, inviable. Estamos en una situación delicada, porque ya empezó el proceso electoral de 2009 y el terreno de juego está totalmente desnivelado: unos pueden hablar hasta la saciedad y otros no. ¿Qué democracia es ésta?”, preguntó el diputado del PRD, Raymundo Cárdenas, durante su intervención en la conferencia “La ley de medios. ¿Esperando a Godot? Análisis y perspectivas de la Ley de radio, televisión y telecomunicaciones en México”, realizada en el marco de la XXII Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Moderada por el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara, Pablo Arredondo Ramírez, y flanqueado por sus homólogos invitados a debatir el tema de los medios de comunicación en México, el senador del PAN, Santiago Creel Miranda, y el senador del PRI, Ramiro Hernández García, Raymundo Cárdenas describió un escenario de “desgaste extremo de varios procesos históricos que han sucedido en el país”.

“No vivimos un estado de derecho y menos en la conquista del poder. Es evidente que en 2006, el presidente Vicente Fox impulsó un proceso gravísimo en la transición democrática, así como un retroceso enorme en las reglas escritas y no escritas, en el que estuvo a punto de descarrilar el proceso electoral. Pero ese problema se está agudizando, porque a Andrés López Obrador, quien representa a millones, ya ni la palabra le permiten expresar en los medios: es un proscrito de los grandes medios”.

Comentó que en agosto de este año convocaron a un periodo extraordinario de sesiones para tratar el dictamen de una Ley de radio y televisión, que reglamentaría el derecho de réplica. El Congreso de la Unión fue convocado para tratar ese asunto, pero fue imposible, porque los dueños de la televisión impusieron su ley. Los países están construyendo su sociedad del conocimiento, que no puede explicarse sin los medios. ¿Quién lo está construyendo en México? Televisa afirma que entretiene y no educa, pues explica que eso corresponde a la Secretaría de Educación Pública. De ese tamaño es la irresponsabilidad en este tiempo”.

Agregó que los partidos políticos se doblegan ante los medios y esperan que les den concesiones, sobre todo de cara a las próximas elecciones, por eso afirmó: “Manlio Flavio Beltrones ya les quiere concesionar a 20 años ese derecho. Necesitamos un diálogo nacional, y los medios deben promocionarlo, pero uno de los protagonistas no quiere. El senado de la república está sometido a los poderes fácticos de la televisión y Beltrones se arrodilla para que lo beneficien el año entrante”.

Hernández García mencionó durante su intervención, que en la actualidad hay una serie de instrumentos de comunicación que no están normados, que rebasaron la capacidad de los políticos para fijar las reglas de juego. “Los políticos nos rezagamos para entender lo que pasa a la sociedad y todo lo llevamos a las urnas electorales. El reto es cómo normar el uso de internet, cuando ahora ni siquiera nos podemos poner de acuerdo para normar el uso de la televisión y de la radio, y no nos ponemos de acuerdo por los enormes intereses que hay de por medio, pues muchos quieren gobernar con mercadotecnia”.

Santiago Creel dijo que en México vivimos “un mundo al revés” y “en el teatro del absurdo”, en el que, por ejemplo, “no tenemos un monopolio de la fuerza para tener todo el peso del Estado en el combate a la delincuencia; en cambio, sí lo tenemos en la economía y en los medios; en lo privado, la libertad de concurrencia, y en las funciones del Estado, el monopolio. Eso pasa en este país. Tenemos las cosas al revés y hay que reordenarlas”.

“De lo que trata la nueva Ley de medios es de buscar un reordenamiento a una ley de medios obsoleta hecha en 1960. Los radios en aquel tiempo eran de bulbos, la TV era en blanco y negro. Esa ley de bulbos y de blanco y negro es la que gobierna la radio y televisión en el país, cuando ya estamos en el internet y de cara a todos los avances tecnológicos. Esa ley no sirve para el avance del país. No sirve a la democracia, a la economía, ni a la propia industria de la radio y televisión”.

Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio los lineamientos para establecer una nueva ley de medios, cuando la definió como un bien público, no privado. “Y cuando ese bien es público y sujeto a concesión, y se le concede a un particular, debe tener un fin social y un interés de carácter general. Además debe contar con el principio de igualdad, es decir, de no discriminación, y de libre concurrencia. El proceso electoral pasa necesariamente por los medios de comunicación, por lo que es claro que no debe hacerse ninguna concesión que se aparte de los preceptos constitucionales”.

Guadalajara, Jal., 4 de diciembre de 2008
Texto: Juan Carrillo Armenta
Fotografía: Adriana González
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas