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El olvido en el que el gobierno federal ha dejado al sector agropecuario y forestal podría ser paliado con una mayor integración de los productores y con efectivas asesorías empresariales y de actualización tecnológica por parte de las instituciones públicas, incluidas las universidades.

 Así lo consideró Margarita Franco, coordinadora de la carrera de Agronegocios del Centro Universitario de los Valles (CUValles) con sede en Ameca, quien dijo que a pesar de que durante el primer semestre de 2008 hubo un incremento significativo en los precios de sorgo, soya y maíz –hasta cuatro mil pesos por tonelada con la paridad peso-dólar anterior- en el último mes los precios han sido reducidos en 50 por ciento.

Si bien, la devaluación del peso ha ayudado en ciertos rubros a mitigar la situación, esta no ha sido suficiente. Por ejemplo, para aquellos que se endeudaron en la compra de insumos para la producción como los fertilizantes, semilla de buena calidad y paquetes tecnológicos, con la expectativa de obtener mejores ingresos, “la perspectiva económica actual y el incremento de precios pueden provocar retrasos en los pagos, lo que hundiría más a los productores”.

Dijo que cualquier crisis trae consigo también oportunidades de negocios, sin embargo, para que el sector agropecuario tenga mas oportunidad de crecimiento, las políticas públicas tendrían que lograr que los productores agropecuarios y forestales desarrollen capacidad para producir con ventajas en comparación con otras regiones y generen excedentes para su exportación a otros estados y al mercado internacional.

Explicó que en México uno de los principales problemas que enfrenta el sector es la falta de asociaciones que ayudarían a que los productores tengan mayor competitividad, situación que no se logra en Jalisco pues prevalece la visión a corto plazo.

“La producción en el sector es carente de planeación. Esto provoca muchos desequilibrios en el mercado. Tenemos un uso limitado de tecnologías, la estructura organizativa es familiar y carece de visión empresarial estratégica. Podemos planear la producción siempre y cuando estemos organizados por cooperativas. Las universidades e instituciones de gobierno podemos capacitar a los trabajadores del campo y hacer que sean mas participativos y modifiquen su visión”.

Franco, afirma que los agricultores no pueden salir por sí mismos sino que necesitan asesoría de las instituciones. “Las políticas públicas y el dinero pueden estar pero hace falta una interacción real en tiempo y forma para que ese dinero llegue a los productores. Es difícil hacerles entender que esos recursos no son para que lo gasten sino para que lo inviertan en tecnología. Como es a fondo perdido y no tienen que regresarlo, suelen gastarlo en camionetas del año o viajes con la familia que no tienen nada que ver con el desarrollo o tecnificación de sus parcelas.

La funcionaria comentó que como parte de sus actividades de vinculación los estudiantes de la licenciatura en agronegocios se acercan a los productores para realizarles un diagnóstico, para integrarlos en cooperativas o sociedades de producción rural, diseñar un plan de  negocios. Hasta ahora tienen proyectos en municipios como Ahualulco, Etzatlán, Ameca y Teuchitlán.

Guadalajara, Jal., 12 de enero de 2009.
Texto: Mariana González
Fotografía: Internet
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas

Aun con la tarifa de cinco pesos en el servicio de transporte urbano de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), los concesionarios tienen ganancias millonarias que no justifican un aumento de 40 por ciento del costo del boleto, y menos un subsidio por parte del gobierno del estado.
 
 Con la tarifa actual, si un transportista vende por lo menos 800 boletos por cada turno de trabajo, obtiene una ganancia neta de más de dos mil 585 pesos, incluido el costo del tanque lleno de diesel para cada unidad y de 300 pesos en promedio que paga al chofer. Con estas cifras, el empresario gana casi cinco mil 200 pesos diarios, en promedio unos 155 mil pesos al mes, y al año un millón 861 mil 920 pesos, en sólo un camión.

 De acuerdo con el estudio realizado por el académico del Departamento de Trabajo Social, de la UdeG, Antonio Calderón Reynoso, si el costo del transporte subiera a siete pesos, como pretenden los camioneros, las ganancias se elevarían a ocho mil 300 pesos cada día, y a 251 mil pesos mensuales y tres millones 13 mil 920 pesos por cada unidad.

 Dice que para justificar el aumento, los transportistas alegan un incremento en refacciones y los precios de los energéticos, elevan las cifras relativas al costo del mantenimiento de cada unidad y el crédito por renovar sus unidades, pero estos no significan una gran pérdida para ellos.

 El economista con una maestría en recursos financieros explica que si bien el precio del diesel registró un incremento de 30 por ciento de noviembre de 2006 al 1 de enero de este año, llenar un tanque de 150 litros cuesta al concesionario mil 114 pesos, su equivalente al valor de 52 boletos.

En lo referente a las refacciones, Calderón Reynoso dijo que, por ejemplo, una llanta dura entre cinco y seis meses, según las condiciones de manejo, y su costo oscila los mil 500 y mil 700 pesos. Si el chofer compra las seis de “un jalón”, gastaría nueve mil pesos cada semestre. En tanto, un motor de diesel puede ser reparado, en promedio, en 50 mil pesos, con una duración óptima aproximada de 150 mil kilómetros.

 Los egresos de los camioneros son nada, comparados con el gasto que tiene que hacer un habitante de la zona metropolitana para utilizar el transporte público. Según los cálculos de fulanito, una persona que percibe un salario mínimo de 52.25 pesos y toma dos rutas de camión al día, con la actual tarifa gasta 21 por ciento de su sueldo, en tanto que quienes toman hasta seis camiones diferentes, dejan 63 por ciento de su salario.

 Si el precio del autobús subiera a siete pesos, el gasto se dispararía a 27 por ciento de sus percepciones diarias (14 pesos), si toma dos camiones, y hasta 80 por ciento (42 pesos), si aborda seis. Dichas cifras “son una burla, si tomamos en cuenta que el incremento al salario mínimo fue apenas de 4.5 por ciento, y que en Jalisco 898 mil personas son remuneradas con uno y hasta tres salarios mínimos”.

 El estudio de Calderón Reynoso fue realizado en noviembre de 2006 –antes del incremento a cinco pesos que los transportistas solicitaron en ese tiempo– y fue actualizado la semana pasada, con los costos actuales de los energéticos y refacciones para los autobuses.

 Comentó que si bien es viable un subsidio a los insumos del transporte público por parte del gobierno estatal, vía los recursos otorgados por el ejecutivo federal por excedentes petroleros, éste puede también revocar los permisos de los concesionarios que no cumplen con las condiciones mínimas para operar el transporte.

 “A lo mejor los números que ellos están presentando por medio de una comisión no son estos. Ellos presentan números en rojo. Cada quien da su punto de vista de acuerdo con sus intereses, y los datos de este estudio responden sólo a la lógica de los números, de los costos reales del transporte. Si esto hiciera la Secretaría de Vialidad, con facilidad podría resolver el conflicto, sólo que ahí se mezcla también el aspecto político, porque hay concesionarios que tienen hasta 70 unidades”.

Guadalajara, Jal., 12 de enero de 2009
Texto: Mariana González
Fotografía: Abel Hernández
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas