No pasó ni un día de que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) hizo circular un video que cuestionaba la deuda de 11 mil millones de pesos que el Gobierno de Jalisco asumió, cuando estudiantes y vecinos que acampaban en el Parque de la Resistencia Huentitán fueron desalojados por parte de elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Armados y sin identificación, despojaron a las y los jóvenes de sus celulares y les privaron de la libertad por unas horas, y los obligaron a desocupar el espacio donde se han realizado actividades para la comunidad.
“En medio del recorte presupuestal a la UdeG, ayer hicimos un llamado al gobierno a transparentar la deuda de 11 mil millones de pesos y coincidentemente, ese mismo día, en la madrugada, el juez dictamina y se dan los actos de la fiscalía”, denunció el Presidente de la FEU, Francisco Javier Francisco Javier Armenta Araiza.
“Esto es una reacción del gobernador, muy desafortunada, cuando te comprometiste con los jóvenes de tratarnos de una manera más digna”, acusó.
Entre las acciones que se emprenderán está el amparo, que ya está corriendo y con el que el gobierno tapatío debe de fijar la postura que se le solicitó por escrito respecto a si se emprenderán acciones jurídicas sobre el predio. También denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción y otras instancias internacionales, pues la comunidad de Huentitán y la FEU no detendrán la resistencia para recuperar el parque.
“Vamos a trascender y a traer el ojo internacional para que vean cómo se gobierna en Jalisco, y con estos efectos hacen el daño. Primero, con el Fiscal Anticorrupción”, dijo la académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Iliana León González.
Ella expresó que se harán todas las demandas que se tengan que hacer, en las instancias que les otorgue la ley.
El Presidente la FEU recordó que el 29 de marzo ocuparon el sitio como un acto de resistencia, que busca regresar el espacio público a la zona de Huentitán, tras la falta de zonas de amortiguamiento de la Barranca del Río Santiago.
Desde entonces, dijo, se han sembrado cerca de mil árboles, implementado huertos urbanos, dado clases de baile y talleres para niñas y niños.
“¿Acaso eso es delito? ¿Es un delito para que hoy la Fiscalía, a las tres de la mañana, venga y como si fuéramos delincuentes, usurpe las instalaciones?”, cuestionó Armenta Araiza.
El líder del colectivo Únete Huentitán y vecino de la zona, Arturo Mendoza, añadió que la lucha seguirá, pues la comunidad no va a permitir el despojo del parque.
“No es delito sembrar árboles en un predio que estaba destinado para ser un parque, ni sembrar hortalizas, ni recuperar una fuente para hacer actividades artísticas. El pueblo va a recuperar este terreno. ¡Somos la resistencia!”, externó.
Armenta Araiza explicó, “este predio fue comprado en 1980 mediante el decreto 10421, con el propósito de ser parque municipal y después de dos intentos el gobierno ha querido entregarlo a particulares para hacer un gran estacionamiento, una plaza comercial y más de dos mil departamentos de lujo”.
“Estamos cansados de que crean que el espacio público les pertenece. No les pertenece a ellos, sino a todos, y si creen que esta sociedad está dormida, están muy equivocados, pues estamos más vivos que nunca y vamos a recuperar lo que por derecho nos corresponde”, subrayó.
Recordó que hace unas semanas, el Presidente Municipal de Guadalajara se acercó para entablar diálogo, por lo que también cuestiona la incoherencia de su discurso ante lo ocurrido.
Animó que esta lucha por el espacio público no sólo es la de Huentitán, sino también con vecinos del Parque San Rafael, del Bosque El Nixticuil, Colomos y muchas otras que se ven atacadas por el interés inmobiliario.
Policías del Gobierno de Jalisco actuaron ilegalmente
El Presidente de la FEU relató que se despertó viendo cómo una persona le apuntaba con un arma, rompieron la casa de campaña y la de sus compañeros.
“Les pedí que mostraran la orden del juez que motivaba este acto, pero lo hizo hasta las 5:30 de la mañana cuando se apersonó el ministerio público”, informó.
La estudiante de Letras Hispánicas, Lilia Betzabé Martínez Ramos, fue testigo de la violencia ejercida por los policías del Estado de Jalisco.
“A las tres de la mañana llegaron con armas de fuego, algunas cortas y otras largas, sin ningún tipo de placa visible, gritando, que saliéramos del lugar con nuestras pertenencias. Nuestros datos fueron tomados, sin formulario, sin orden, exigiendo y no sabemos para qué”, recordó.
Para la académica del Departamento de Políticas Públicas de la UdeG, Iliana León González, dichas acciones violentas recuerdan los hechos del 5 de junio de 2020, cuando también elementos de la Fiscalía privaron ilegalmente de la libertad a ciudadanos que protestaban por la muerte de Giovanni López.
“Esto hace remembranza a lo que ocurrió el 5 de junio del año pasado. Es un acto ilegal por parte de la autoridad. Se supone que hubo una audiencia de tutela de derechos a la cual jamás fuimos llamados”, subrayó.
Cuestionó la intimidación por parte del gobierno estatal tras hacer cuestionamientos de las decisiones que se están tomando, como lo es la lucha de un parque, de un hospital y un museo.
“Estamos luchando por bienes que son para la ciudadanía. No sé qué pasa con el gobernador y el Ayuntamiento de Guadalajara, que en vez de ayudar a su ciudadanía, pareciera que es todo lo contrario y nos manden a la Fiscalía a punta de pistola”, denunció.
“¿Así nos tratas, fiscal? ¿Este es el trato que merecemos? ¿Cuando tú me pediste que te diéramos otra oportunidad los estudiantes?”, recalcó y cuestionó Armenta Araiza.
Desalojo promovido carece de sustento: abogado de la FEU
El acta promovida para el desalojo del predio está lleno de inconsistencias, como el hecho de que está fechado en el año de 2020, aseguró Omar Preciado, abogado de la FEU.
“Esta supuesta restitución del inmueble que el ministerio nos entregó no es un acuerdo del juzgado, sino sólo un oficio que hizo el mismo desde la Agencia de Despojo, donde se menciona a ‘moradores del inmueble’, sin mencionar a Francisco Javier Armenta o alguien más”, dijo.
Dio a conocer que la diligencia, llevada a través de una denuncia penal, fue promovida presuntamente por Hoteles Rivera Deluxe, que se dice legítimo propietario; sin embargo, la zona que estaba ocupada, según el mapa del fideicomiso del predio, pertenece al gobierno de Guadalajara y no a la empresa.
“También comparece con carácter de que dicha parte de este predio es de la empresa, cuando en ningún momento lo es”, pues ésta pertenece a un fideicomiso, en conjunto con el gobierno municipal, dijo.
“Pero este predio en su totalidad está en un fideicomiso con un fin social (en un parque), una parte por el gobierno municipal de Guadalajara y otra parte por Rivera Delux”.
Además, a todo esto se suma que se actuó con la fuerza pública sin haber una audiencia de tutela previa a la que se les haya convocado. “Aquí hay arbitrariedades del Ministerio Público y la fuerza pública, y entonces haremos lo propio”.
León González recordó que han insistido en solicitar, mediante transparencia, los documentos que acrediten la legal propiedad del predio por parte de Hoteles Rivera Delux y Operadora Hotelera Salamanca. “El ayuntamiento de Guadalajara no lo puede demostrar porque sabe la manera ilegal en que está intentado ceder estos terrenos”
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"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto de 2021
Texto: Iván Serrano Jauregui
Fotografía: Iván Lara González
