Los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) fueron creados para fortalecer el Estado de derecho; es decir, para proteger los deberes de la autoridad y salvaguardar derechos como el del consumidor, la rendición de cuentas, los derechos humanos, las telecomunicaciones, la competencia económica, y otros más.
Sin embargo, en México éstos se han visto vulnerados debido a designaciones directas, sobre todo por parte de la figura de los poderes Ejecutivos, desvirtuando una verdadera independencia institucional, dado a compromisos políticos.
Por ello, en el Auditorio Central del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) se realizó este viernes el foro “Designaciones públicas en los OCA”, por parte del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED), que forma parte del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, integrado por decenas de universidades en el país.
El moderador del encuentro fue el maestro Omar Avilés González, Director del CEED, quien calificó como un secuestro de las instituciones lo que ocurre por parte de las autoridades que designan a titulares bajo la lógica de “cuates y cuotas”.
“Ante ese secuestro, los ciudadanos nos volvemos invisibles ante el ojo de las autoridades. Es una forma de institucionalización de la corrupción”, recalcó.
La Coordinadora del Observatorio “Designaciones Públicas”, Itzel Checa Gutiérrez, dijo que con los OCA se busca ampliar el debate y quehacer público, y romper el paradigma de los tres poderes tradicionales, por lo que el hecho de que un representante del Ejecutivo se atribuya la capacidad de nombrar al titular de dichas instituciones vulnera su objetivo.
“Se privilegia una elegibilidad, pero no se pone atención en la autonomía, la independencia, la integridad; una actitud acorde con los derechos humanos. Pareciera que estas decisiones que se cocinan desde el Ejecutivo pasan por automático en el Legislativo y vemos procesos que no se cuidan lo suficiente, donde las reglas no son la transparencia sino la opacidad y vemos reglas informales y criterios objetivos”, subrayó.
Recordó que desde el observatorio que coordina se analizan a 19 instituciones, de las cuales nueve se constituyen como OCA desde la Constitución Política: Banco de México, INE, CNDH, Inegi, IFT, Cofece, INAI, FGR y Coneval (que no tiene una ley armonizada).
“De esas nueve instituciones encontramos diferencias en torno a sus reglas de designaciones, pues sólo cinco son por convocatoria pública. Uno de los estándares de no discriminación refiere que quien tiene la capacidad de asumir una gran responsabilidad tiene también la capacidad de participar, y no todos la tienen”.
“En el INAI y la CNDH sólo participa el Senado de la República. Encontramos que el INE le toca sólo a la Cámara de Diputados, y el resto participa el Senado y el Poder Ejecutivo. Nos parece importante que esos procesos no recaigan en un sólo órgano, para abrir más el proceso”, indicó.
Por su parte, sólo el INE, el IFT y la Cofece establecen órganos auxiliares de evaluación nombrados en la Constitución, que no lo tienen los otros cinco OCA. Además de seis OCA que cuentan con un pleno, tres definen la presidencia de forma interna y los otros tres por parte del Poder Ejecutivo.
El doctor David Gómez-Álvarez, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEA), expresó que ahora no sólo hay cuestionamiento por el nombramiento de titulares en los OCA, sino también en quienes encabezan secretarías de gobierno, como ya se ha visto con el reciente caso de la nueva titular de la SEP.
“La razón por la que ha tomado importancia es porque los designadores oficiales, que es ejercicio de legisladores, han perdido la capacidad y legitimidad para hacerlo. Hay un cuestionamiento fortísimo”, denunció.
“Entre más instancias y mayor diversidad de designadores mejor va a funcionar, porque si hay un solo hombre que designe veremos más lealtad que capacidad en el designado. El Estado mexicano y las dependencias no son ni le pertenecen al gobernante en turno; es mucha la responsabilidad de un solo hombre”, recalcó.
La fundadora y Co-coordinadora Nacional de la Red de Abogadas Violeta, AC, maestra Fátima López Iturríos, hizo una larga exposición de casos mediáticos que evidencian cómo el OCA en Jalisco se ha desvirtuado.
Uno de éstos fue el despido injustificado de 37 trabajadores en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tras la llegada de la nueva titular; cuyo proceso de designación se hizo en 15 días.
“¿Ustedes creen que con 15 días la población de los 125 municipios se enteró de esta convocatoria? Claro que no, y tampoco les interesó que se enteraran porque ya sabían a quién iban a poner”, reclamó.
“Cómo es posible que lleguen a la magistratura, al Consejo de la Judicatura personas que reprobaron un examen de aptitudes y que nos quieran decir que son soberanos”, subrayó.
“Hasta cuándo van a entender que quienes llegan al poder tienen responsabilidad ante nosotras y nosotros. No nos escuchan ni nos toman en cuenta, sólo en temporada de elecciones nos toman en cuenta. Si queremos a la ciudadanía en estos procesos, dejen de jugar con nuestra inteligencia”, añadió.
La diputada local Mara Robles Villaseñor narró un caso público que muestra la colusión entre uno de los organismos, que deberían ser autónomos, con el interés del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
“Recientemente se aprobó, en el Congreso de Jalisco, que se pueda contratar a una asociación público o privada para construir la Línea 4 del Tren Ligero, obra que costará miles de millones de pesos. El gobernador mostró en un video que tenía en sus manos la propuesta de la empresa que quería competir por esa licitación, y dijo que en ese momento lo estaba turnando a SITEUR, para analizar la propuesta”, denunció.
Tras eso, Robles Villaseñor y su equipo pidieron por transparencia y por medio de oficios, y en el último momento del plazo para dar respuesta dijeron que no tenían dicho documento. Por ello, metieron un recurso de inconformidad, pues o el gobernador mintió, o SITEUR lo tenía y no lo quería dar.
“Nos llegó el expediente para poder aprobar esa decisión y SITEUR dice ahí que un día antes de que el gobernador había mostrado en pantalla el documento, ellos ya habían decidido aprobarlo. Es una barbaridad, había dos cosas: decidieron sin el documento o nos negaron el documento”, agregó.
Ya en una comparecencia en el Congreso de Jalisco, la diputada confrontó al titular de SITEUR sobre el tema y éste respondió que no tenía dicho documento. “Y nadie se escandalizó de que hubiera decidido, diciendo públicamente que no tenía un documento. Son por lo menos 4 mil millones de pesos los que están en juego”.
Robles Villaseñor siguió exigiendo que se mostraran todos los documentos, hasta demostrar que los diputados (en su mayoría de Movimiento Ciudadano) estaban tomando decisiones sin los mínimos requisitos indispensables. “El ITEI nos tuvo que haber defendido y exigir a esas instancias que nos dé esa información”, recalcó.
“(Quienes encabecen los OCA) deberían ser capaces, preparadas, honestas, incorruptibles, independientes y valientes”, exigió.
Atentamente
“Piensa y Trabaja”
“2022, Guadalajara, Hogar de la Feria Internacional del Libro y Capital Mundial del Libro”
Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto de 2022
Texto: Iván Serrano Jauregui
Fotografía: Gustavo Alfonzo
