El balance sobre la violencia homicida y la desaparición de personas que hizo el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es un ejercicio de simulación, incompleto y carente de autocrítica; utiliza datos a conveniencia, guarda silencio sobre hechos graves, desconoce el esfuerzo de los colectivos de familiares y ofende la memoria de las víctimas, expresó la doctora Carmen Chinas Salazar, integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de Personas Desaparecidas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara.
“En el informe no se dijo que Jalisco es la entidad del país con el mayor número de personas desaparecidas, a pesar de la negativa del gobernador a reconocerlo. Los datos que muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas son contundentes: en los tres años de este gobierno, 3 mil 928 personas se sumaron a la lista de desaparecidas, lo que representa alrededor de 20 por ciento del total nacional ocurrido en este periodo”, dijo.
Señaló que no se debe de pasar por alto el problema del subregistro, más grave aún en municipios rurales donde, a menudo, se amenaza o violenta a quien denuncia.
“En el informe no se dijo nada sobre la activa desaparición de personas, muchas de ellas menores de edad que están siendo engañadas y atraídas mediante falsos anuncios en redes sociales y otras plataformas. Tampoco se informó que en Jalisco reside el cártel más poderoso del país y todas las implicaciones que eso tiene sobre la dinámica de la violencia en el Estado, las entidades vecinas y el país. No se mencionó que aquí existe un estado paralelo, que usa la violencia a su antojo y controla buena parte del territorio estatal”, subrayó.
Añadió que no debe descartarse que la reducción de ciertos delitos obedezca, no a que este gobierno esté mejorando su desempeño, sino al extraordinario poder que ha adquirido uno de los cárteles y a sus formas de gobernanza criminal.
“Lo que hay en Jalisco no es el imperio de la ley, sino una tregua precaria impuesta por el crimen organizado. Por esta razón, no debería el gobernador presumir la menor tasa de homicidios dolosos que hay en Jalisco respecto a estados como Zacatecas, Michoacán o Guanajuato, cuando se sabe que buena parte de la violencia que se registra en esos lugares es violencia exportada, producida por una organización criminal que se ha expandido desde Jalisco y a la que no se le ha combatido aquí como se debe”, precisó.
La académica señaló que nada dijo el gobernador de la penetración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad estatales y municipales, ya que en Jalisco muchos de éstos son parte del crimen organizado.
“Debe de reconocerse que esta administración sí ha actuado en contra de los involucrados. Más de 100 elementos han sido detenidos por su participación en este delito, pero habría sido saludable presentar un diagnóstico de la dimensión del problema y la estrategia para resolverlo”, resaltó la académica.
Chinas Salazar informó que los municipios con mayor número de desaparecidos son los de la región de la Ciénega como Ocotlán y La Barca, donde se presentan un mayor número de denuncias, aunque el problema está prácticamente en todas las regiones del Estado, con la diferencia de que en muchas entidades no se denuncia.
“Esto lo demuestra el número de colectivos que trabajan en Jalisco, que señalan que por cada desaparecido existen dos personas más en esa condición. El grupo de edad más afectado entre hombres es de 19 a 39 años, mientras que en mujeres es de 14 a 16, teniendo una alta incidencia en los 15 años, lo que hace suponer un problema de trata de personas”, expresó.
En cuanto a las cifras, dijo que en el caso del registro federal, al día de hoy Jalisco presenta 21 mil 671 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De las desaparecidas y no localizadas se tiene el registro de 14 mil 554; de las cuales, 14 mil 164 están desaparecidas y 390 son personas no localizadas.
“Esto también es importante, porque cuando hablamos de personas desaparecidas, de acuerdo con la ley significa que están en riesgo o fueron víctimas de un delito. Persona no localizada es la que las autoridades dicen que se fue por su propio pie, no sabemos dónde están, pero no hay indicios de que su vida esté en peligro; pero en el discurso de la autoridad a veces se utilizan conceptos que no son los de la ley, esto para minimizar”, apuntó.
El Coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, doctor Jorge Ramírez Plascencia, expresó que es preocupante el enfoque del gobernador de que ciertos indicios de violencia presentes en las víctimas confirman su vínculo con el crimen organizado.
“Es imposible que él no sepa que esas señales son parte de una economía de la violencia orientada a causar terror y a provocar la reacción de las autoridades, aun sobre víctimas elegidas al azar. Ofende la memoria de esas personas y las vuelve a victimizar”, dijo.
Explicó que, al margen de esta presunción equivocada, es una falta de ética dar a entender que ciertas personas, aun cuando tengan un historial criminal, merecen morir de forma violenta o que el Estado no necesita actuar mientras se maten entre ellos.
Ramírez Plascencia dijo que esta administración estatal considera un logro la localización de fosas y la recuperación de restos humanos, a menudo resultado de la búsqueda de colectivos o de denuncias anónimas, y no por acción de la autoridad.
“Queremos ser muy claros: creemos que más bien el hallazgo masivo de cuerpos muestra el fracaso de la estrategia para frenar la desaparición de personas, al no prevenir que ocurran y, cuando suceden, al no localizarlas con vida en forma inmediata. Encontrar cadáveres de manera masiva no es ningún mérito. De hecho, la cantidad que se encuentra en algunos predios es indicador de la gravedad del problema. Sólo en sociedades que han padecido genocidios se extraen tal cantidad de cuerpos, señal aquí de una industria de la desaparición y el exterminio que se mantiene intacta y operando”, apuntó.
Invitó al gobernador a ser más mesurado en sus balances de seguridad, más sensible frente al dolor de miles de familias afectadas y más responsable frente al grave problema de la violencia y la desaparición de personas que se vive en Jalisco.
“Descalificar las dudas y desacuerdos con su informe dificulta reconocer la crisis humanitaria en la que estamos y desalienta la colaboración con instancias y actores cuya participación es necesaria. No es con cifras a modo, gráficas vistosas y una retórica exaltada que se logrará la seguridad y la paz que merece Jalisco”, concluyó.
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2021
Texto: Prensa UdeG
Fotografía: Laura Herrera
