Para neutralizar la inflación en el precio de 24 productos de la canasta básica y reducirlo de mil 129 pesos a mil 39, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se omitirá todo trámite o permiso de importación de alimentos, incluyendo los ejercicios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Todo esto, consignado en el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), en el que se establece que, en lugar de eso, se estará considerando “una licencia basada en la confianza”.
Entre las empresas firmantes del acuerdo figuran: Walmart, Minsa, Sigma, Chedraui, Verde Valle, SuKarne, Soriana, San Juan, Maseca, Bachoco y más, informó el maestro Santiago Torres Ruiz, profesor del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).
“Es un acuerdo que se ha tomado muy a la ligera, ya que el costo-beneficio para México no es positivo. Primordialmente, la salud pública se verá más afectada. No creo que esos 90 pesos de reducción a la canasta básica nos puedan solventar una enfermedad derivada de estos alimentos”, declaró.
“Se corre un riesgo de contraer plagas y enfermedades que no son endémicas de nuestro país –abundó–. Con esto se visualiza un mayor desabasto de alimento y aumento a los mismos, así como problemas de nuestros productos que exportamos, ya que carecen de credibilidad respecto a llevar a cabo las buenas prácticas de inocuidad agroalimentaria”.
Dijo que el trabajo del Senasica es reconocido mundialmente por la calidad de los productos y el combate y erradicación de plagas y enfermedades en los campos mexicanos.
“Sin ningún certificado, permiso o licencia que sustente que dichos productos han sido tratados bajo un esquema en inocuidad y sanidad, con la licencia de confianza que pretende el gobierno federal no basta”, recalcó.
La doctora Refugio Torres Vitela, profesora investigadora del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), recalcó que no se puede ser juez y parte, pues el acuerdo menciona que serán las mismas empresas las que se examinarán a sí mismas.
“Eso no es seguridad para nadie. Aún tenemos un rezago grande en el cumplimiento de las normas oficiales existentes; esto es un retroceso, un problema que resulta un verdadero insulto para la Senasica, la Cofepris e instituciones que participan en procesos de certificación (como la propia Universidad de Guadalajara)”, destacó.
Añadió que el consumidor ya no podrá confiar en las empresas que por años se han esmerado por cumplir con protocolos fitosanitarios.
“Esto no es una competencia leal y ojalá no tengamos consecuencias que lamentar. De por sí que no hay seguimiento de las causas-efectos de la salud pública, pues cuando nos enfermamos no sabemos qué nos enfermó, no hay una trazabilidad, y ahora también tendremos qué confiar que todo va a estar bien. Lo que vemos son riesgos contra la salud pública”, dijo enfática la investigadora.
El Director de la División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), doctor Edgar Pulido Chávez, recordó que algunos de los ejemplos más graves derivados de la falta de control fitosanitario fue el COVID-19, cuyo origen fue en un mercado húmedo en China; “lo que derivó en millones de muertos por no regular y no hacer inspección”.
Otras enfermedades que han permeado en el mundo, debido a alimentos contaminados, han sido brucelosis, tuberculosis y fiebre aftosa en ganado o plagas en plantas, como la mosca del Mediterráneo.
“Desde la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), a la que México pertenece, basado en la evidencia científica van pasando a una norma que aplica para un cumplimiento en todo el planeta, y a partir de ahí se dictan normas y directrices sobre recomendaciones en el sector agroalimentario”, externó.
Otro riesgo sería el político y económico, dijo el académico, pues al no tener un buen control sanitario en las importaciones, países como Canadá y Estados Unidos, con los que México tiene tratado, entrarán en conflicto con éste por no cumplir con los acuerdos sanitarios internacionales.
Recordó, además, que tras un estudio del mismo gobierno se dio a conocer que dos empresas de atún no notifican en sus productos que las latas tienen un alto contenido de soya, mismas que son algunas que ya firmaron el acuerdo antes mencionado.
“Una empresa que no ha sido lo suficientemente transparente y que ahora tenga la responsabilidad de autoevaluarse, me parece preocupante”, externó.
Atentamente
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Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre de 2022
Texto: Iván Serrano Jauregui
Fotografía: Abraham Aréchiga
