Fotoinfracciones: ahogadas en ilegalidades y mala reputación, señalan especialistas de la UdeG

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La sociedad las percibe como una medida eminentemente recaudatoria. 95 por ciento de las que se impugnan resultan anuladas por deficiencias jurídicas

Según el punto de vista de académicos de la UdeG, las fotoinfracciones se han vuelto un ejemplo de lo que no se debe de hacer en materia legal, ya que viola los principios básicos de un proceso administrativo, a pesar de que son un instrumento valioso para fomentar la cultura vial.
 
En esto coincidieron los especialistas de la Universidad de Guadalajara, la maestra Bertha Alicia Esparza Hernández, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y la doctora  Adriana Inés Olivares González, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).
 
Los investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destacaron que dos grandes males aquejan a las fotoinfracciones: la ausencia de legalidad en sus procesos, lo que provoca que mediante un juicio ante tribunales administrativos se derrumben fácilmente; y su mala reputación social, ya que el hecho de que no estén acompañadas de estrategias integrales de movilidad, y la ausencia de transparencia en los montos económicos que recauda, hacen que la gente las perciba como una medida simplemente recaudatoria.
 
De acuerdo con un análisis que hizo Esparza Hernández, en el Tribunal de Justicia Administrativa, de 2013 a 2017 se han emitido 5 millones de fotoinfracciones; poco más de 16 mil han sido impugnadas y 95 por ciento se anulan.
 
La catedrática de lo Contencioso administrativo y Amparo administrativo, explicó que la fotoinfracción nace muerta, legalmente hablando, porque no se apega a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
 
“En esta ley se establece como un elemento fundamental que sea notificado en el domicilio, el que la notificación no se practique de manera ajustada a derecho provoca que el documento sea nulo”, reflexionó.
 
Esparza Hernández indicó que entre los elementos deficientes en el tema es que no hay notificación en domicilio y nadie firma de recibido; además, en ocasiones no hay concordancia con la hora en que supuestamente se cometió la falta y el código QR no se ajusta a los requisitos de la Ley de Firma Electrónica.
 
No obstante, la fotoinfracción es un instrumento valioso para gestionar lo que se conoce como “movilidad civil”, pero debe de ir acompañada de otras estrategias, señaló la doctora  Olivares González, coordinadora de la línea de investigación sobre movilidad y espacio público del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Ordenación Territorial del (CUAAD).
 
“Las fotoinfracciones sí son un instrumento útil para que se respeten los límites de velocidad, porque a la gente, cuando le llegan al bolsillo,  respeta reglamentos y leyes. Pero no sólo la fotoinfracción es el único recurso para regular la movilidad en una ciudad que en este momento tiene condiciones caóticas, se tienen que establecer otros elementos y no se vale que sólo uno, el que permite más ingresos a la administración pública, sea el que esté funcionando”, subrayó
 
Otro aspecto que ha empeorado la fama pública de las fotoinfracciones es la falta de transparencia, estimó Olivares González.
 
“La gente, al ver que es el único recurso que está funcionando, dice: ‘Lo que quieren es recaudar dinero’. Y no sabemos ni cuánto recaudaron, ni a dónde se fue eso que recaudaron. Si tuviéramos mayor transparencia en el ingreso y uso de los recursos sobre el tema de las fotoinfracciones, no habría estos reclamos. Si dijeran: ‘Ingresó tanto y lo estamos utilizando en arreglar las banquetas, en mejorar la señalización horizontal y vertical en toda la ciudad’. Si se viera eso, habría menos percepción negativa sobre el tema de las fotoinfracciones”, dijo la académica del CUAAD.
 
Con el regreso de las fotoinfracciones a Jalisco, ahora operadas directamente por el Poder Ejecutivo y ya no bajo la concesión de una empresa, los vicios legales no han sido corregidos y la percepción social respecto a este instrumento tampoco ha mejorado, agregó.
 
“Y el problema es que no hay garantía de que sea mejor o peor, aunque la administración de la fotoinfracción la esté realizando el gobierno y no una empresa externa. Y lo que necesitamos saber es qué mejoró una vez que el gobierno ha retomado el tema de la fotoinfracción”, cuestionó la especialista.
 
 
A t e n t a m e n t e
“Piensa y Trabaja”
Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto de 2018

 
Texto: Julio Ríos
Fotografía: Gustavo Alfonzo