Resulta significativo que el ataque a los juristas Jorge Carpizo, Diego Valadés y Héctor Fix Zamudio, adscritos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, venga envuelto en una teoría de la conspiración que irracionalmente pretende señalar a la Universidad de Guadalajara como instancia promotora de un desplegado, donde los referidos especialistas del Derecho se manifestaron en contra de la iniciativa del gobernador de Jalisco para desaparecer el Consejo de la Judicatura del Estado: el emisario y el mensaje claramente indican al autor intelectual de esta falsa acusación, que no es otro sino el Poder Ejecutivo de Jalisco, principal interesado en que prospere la desaparición del mencionado órgano jurisdiccional.
Ofender a los más destacados constitucionalistas de México, como se hace en el comunicado signado por unas pocas organizaciones de abogados, deja claro que lo que se busca es confundir a la población, pero al intentarlo sólo se confunden quienes lo suscriben: al descalificar a la máxima casa de estudios de México, la UNAM, y a sus más distinguidos investigadores jurídicos.
Con una óptica anticuada, se condena que los investigadores de la UNAM supuestamente hayan “intervenido en una decisión que compete a los jaliscienses”, cuando los académicos sólo alertaron de un posible atentado contra el orden constitucional, llevado a cabo por el Ejecutivo de esta entidad federativa.
Entre las actividades esenciales de los académicos dedicados al estudio del Derecho Constitucional Mexicano se encuentran el observar y analizar lo que se hace o se pretende hacer con las normas fundamentales del país y las entidades federativas, y por ello la censura es absurda: los juristas de la UNAM cumplieron con su deber como académicos y mexicanos al señalar el asalto a la Constitución que implica la reforma propuesta por el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco.
Invitamos al gobierno del estado a que, por su propio prestigio y honorabilidad, deje de alentar que personajes de intereses inciertos pretendan descalificar a la UNAM y a sus más eminentes profesores investigadores, quienes han legado al país y al mundo varias de las mejores obras jurídicas contemporáneas. Agredir, mediante intermediarios, a juristas como los doctores Carpizo, Valadés y Fix Zamudio no sólo es grosero y medroso, sino contraproducente para la legitimidad del Poder Ejecutivo de Jalisco, cuyo prestigio ya está en entredicho por su pretensión de intervenir en la vida interna del Poder Judicial local.
A T E N T A M E N T E
Dr. Adrián Joaquín Miranda Camarena
Jefe del Departamento de Derecho Público
División de Estudios Jurídicos
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad de Guadalajara
“Piensa y Trabaja”
“2010 año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución”
Guadalajara, Jal., 10 de febrero de 2010.