En México hacen falta políticas públicas que apoyen a las viejas colonias populares que ahora forman parte del tejido urbano. Muchas, después de más de veinte años, tienen regularizada la tenencia de la propiedad, pero los gobiernos podrían invertir en dichas colonias para mejorar sustancialmente hasta 30 por ciento de la ciudad, afirmó la doctora Edith Rosario Jiménez Huerta, profesora-investigadora del Departamento de Estudios Regionales, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
El estudio se enfocó en colonias populares con más de veinte años de antigüedad en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Estas colonias no fueron planeadas y las viviendas se construyeron poco a poco, sin muchos conocimientos técnicos. Ahora, algunas presentan daños estructurales, problemas de humedad, necesitan renovar su cableado, integrar el baño a la vivienda o adecuar los espacios para las nuevas necesidades de la familia. Sin embargo, los habitantes no cuentan con el dinero para hacer cambios mayores, ni acceso a fuentes de financiamiento formal y confiable.
Otro problema es que, a pesar de que más de 90 por ciento de los dueños tiene la escritura de su casa, las nuevas generaciones podrían enfrentar un problema de tenencia de la propiedad al quedar intestada a la muerte de los propietarios originales.
Las colonias estudiadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Echeverría, Rancho Nuevo y Jalisco, cuyos dueños obtuvieron los títulos de propiedad en los 70 y 80, y están envejeciendo. Muchos viven con los hijos, algunos ya tienen nietos y sólo 14 por ciento hizo testamento, por la creencia de que la propiedad pasará automáticamente a la pareja sobreviviente, lo que no es cierto en México.
Una solución sería hacer un cambio en la ley que convierta el problema de la herencia en un asunto administrativo en vez de jurídico. Entonces será posible señalar en las escrituras quién sería el propietario en caso de muerte del titular. El heredero sólo tendría que presentar su identidad como tal y el acta de defunción ante el Registro Público de la Propiedad, lo que se ha hecho, pero en las escrituras de los nuevos fraccionamientos.
En cuanto a los asentamientos irregulares del país, la investigadora destacó que no ha habido un programa de regularización de la tenencia de la tierra desde el año 2000. Mencionó que alrededor de 50 por ciento de los asentamientos que iniciaron como irregulares están regularizados, y destacó la necesidad de que las políticas públicas viertan la atención hacia la población con menos recursos económicos y que menos atención recibe actualmente por parte del gobierno.
Reconoció que un paso positivo en esta dirección fue la publicación de la Ley para la Regularización de Predios Urbanos en el estado de Jalisco, publicada en 2014 y la regularización de la tierra en propiedad privada que está llevando a cabo la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur).
La académica universitaria dio a conocer los pormenores de la investigación “Colonias populares consolidadas del área metropolitana de Guadalajara. Retos y oportunidades”, que coordinó en la UdeG junto con el doctor Heriberto Cruz Solís, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). El proyecto es parte de una investigación más amplia donde participa un grupo de académicos de nueve países, quienes se reunieron para explorar qué es lo que ha pasado con los viejos asentamientos ahora “regularizados” en once ciudades latinoamericanas.
La investigación internacional inició en 2006, con la intención de hacer propuestas de políticas públicas durante la reunión de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre de este año.
AT E N T A M E N T E
“Piensa y Trabaja”
Guadalajara, Jal., 24 de enero de 2016
Texto: Martha Eva Loera
Fotografía: Internet