Al cumplirse el tercer aniversario de la entrada en vigor de las reformas al código penal y la ley del Distrito Federal inherentes a la interrupción del embarazo, las cifras revelan que son en suma, mayores de 18 años de edad quienes optaron por un aborto, lo que contradice las voces que advertían serían las jovencitas clientes habituales de estos servicios.
Los números dicen que de 40 mil servicios que se prestaron en los hospitales públicos del Distrito Federal, solamente una cantidad menor al 5 por ciento fue de menores de 18 años de edad, los otros 38 mil casos atendidos fueron de mujeres mayores de 18 años.
Lo anterior se expresó la noche del martes, en el marco del proyecto “La Transversalización de la perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara”, durante la conferencia magistral ofrecida en el Paraninfo Enrique Díaz de León, por el abogado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Morales Aché.
El especialista señaló que uno de los mayores méritos de las reformas legales de 2003 y 2007 a la legislación de la ciudad de México, consiste en garantizar la prestación de los servicios públicos de salud necesarios para tal efecto, así como el acceso efectivo a tales servicios y la libre decisión de mujeres embarazadas.
Informó que de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Salud del Gobierno del D.F., al 14 de marzo de 2010, se recibieron 65 mil 014 solicitudes de información sobre la interrupción del embarazo, respecto a las cuales se realizaron 39 mil 020 procedimientos de interrupción, es decir, que aproximadamente el 40 por ciento de las solicitantes decidieron continuar el embarazo.
El fundador del Colegio de Bioética, precisó que se han practicado 2 mil 181 procedimientos de ILE a menores de edad y se reporta una baja tasa de reincidencia que en su mayor parte se concentra en el rango de edad de 18 a 24 años, en la que 64 mujeres han reincidido en la práctica del aborto.
Por otro lado, refirió que es poco probable que Jalisco gane la controversia constitucional que interpuso respecto al tema, “fue un error fundamental por parte de los conservadores el haber auspiciado esta controversia, y honestamente no veo la menor posibilidad de que la ganen puesto que requieren de 8 votos”.
No obstante, mencionó que el resultado de esta controversia será de gran impacto en la regulación de la materia de salubridad general, ya que en ella se califica la anticoncepción de emergencia como un abortivo químico y se alega que una norma oficial mexicana no puede imponer obligaciones a los Estados en materia de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, porque habría un vaciamiento hacia sus facultades.
Guadalajara, Jal., 28 de abril de 2010.
Texto: Elizabeth Raygoza
Fotografía: José María Martínez
Edición de noticias: Lupita Cárdenas Cuevas