La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano información relativa al cumplimiento de acciones para garantizar la salud de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, en los municipios de Juanacatlán y El Salto.
Esta solicitud forma parte de una petición de medidas cautelares que presentaron pobladores ante este organismo internacional, con el apoyo de especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Entre las medidas cautelares que solicitan los pobladores están: suspender un decreto que levantaba la veda en el aprovechamiento de agua del río Santiago en El Salto, y que se suspendan los permisos para descargar aguas negras; además de que se proporcionen servicios de salud a los enfermos por la contaminación.
La abogada ambientalista, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y Presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), doctora Raquel Gutiérrez Nájera, informó que la CIDH, con sede en Washington –cuyas peticiones son vinculantes–, otorgó 20 días al Estado mexicano para entregar esta información.
“En el comunicado que acabamos de recibir de la CIDH, al gobierno mexicano le está dando 20 días a partir de la notificación para que responda a la petición sobre la información especifica que solicitan. La CIDH tiene en línea la petición y los pasos que se vayan dando. Como peticionarios, nos toca nutrir y actualizar a la comisión de que se estén cumpliendo estos aspectos de salud, de ausencia de médicos y medicamentos, y las medidas necesarias para detectar daños causados por la contaminación ambiental”, añadió.
La CIDH, en un documento fechado el 1 de agosto de 2019, pide al gobierno mexicano los siguientes puntos:
- Que se pronuncie en relación con la presente solicitud de medidas cautelares.
- Que informe cuál sería la situación de salud de las personas, en relación con las fuentes de contaminación alegadas.
- Que informe si las personas cuentan con acceso a servicios de salud para mitigar su situación de riesgo.
- Aporte cualquier información que el Estado mexicano considere necesaria en los términos del artículo 25 del reglamento de la CIDH.
“Todo esto sin detrimento de lo que vayan a resolver en el fondo, de si se otorgan o no las medidas cautelares como las que solicitan los pobladores. Estamos conscientes y seguros de que los esfuerzos que se hicieron en lo local, han sido ineficaces y no han resuelto la situación de grave riesgo, puesta en peligro y daños a la salud, a la vida, a la integridad del medio ambiente de la zona”, declaró Gutiérrez Nájera.
El investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), doctor Francisco Javier Díaz Aguirre, añadió que, aunque existen recomendaciones del Tribunal Latinoamericano del Agua, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), no hay avances.
Gutiérrez Nájera entregó la respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) al activista de Poncitlán, Enrique Lira Coronado, en representación de los pobladores de la cuenca.
“El gobierno mexicano tiene que atender lo que le está mandatando la CIDH. El gobierno estatal, con las plantas de tratamiento, no puede. Debe haber concurrencia de la federación, porque, como se describe en esta petición, en materia de aguas nacionales el principal responsable de la regulación y la gestión es el gobierno federal. Hoy estamos contentos, porque cuando se unen academia, ciencia y organizaciones de la sociedad civil en estos esfuerzos, sí puede haber resultado, y hoy queda patente de que estamos teniendo resultados”, añadió Gutiérrez Najera.
¿Qué solicitan los pobladores?
En el escrito presentado por los pobladores ante la CIDH el pasado 18 de julio, solicitan las siguientes medidas de protección al Estado mexicano:
- Se abstenga de implementar un decreto de levantamiento de veda a la zona hidrológica del río Santiago, fechado el 6 de junio de 2018.
- Se abstenga de otorgar nuevas concesiones de uso de agua o permisos para arrojar desechos industriales en las regiones del río Santiago.
- Proporcione los servicios de salud necesarios a los beneficiarios para detectar, tratar y prevenir enfermedades ocasionadas por la contaminación.
- Implemente, en consulta con los pobladores, un plan de saneamiento adaptado para eliminar 79 contaminantes de origen industrial detectados en el río Santiago.
- Modifique y haga cumplir la Norma Oficial 001-Semarnat-2013 para incluir 72 contaminantes que actualmente no están regulados en la normatividad ambiental.
A t e n t a me n t e
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto de 2019
Texto: Julio Ríos
Fotografía: Abraham Aréchiga