Si el Estado no garantiza el acceso al derecho a la educación de las personas que están presas, está incumpliendo y violando la ley, afirmó la investigadora Alcira Daroqui, Coordinadora de la carrera de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales en el Programa UBA XXII: Universidad en Cárceles, en Argentina.
UBA XXII es un programa de la Universidad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos, que dicta carreras de grado con modalidad presencial y actividades de extensión en establecimientos del servicio penitenciario federal. Uno de sus fines es garantizar el acceso a la formación universitaria curricular y extracurricular de personas que se encuentran privadas de su libertad. En 2015 el programa cumplió 30 años.
La académica sudamericana impartió una conferencia magistral en el coloquio “Entrar a la cárcel: ¿Es posible la educación en el encierro?”, que continuará este jueves 23 de septiembre. El coloquio es coorganizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), por medio del Departamento de Estudios en Educación; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la Red de Educación en Contextos de Encierro Penitenciario en México, Nodo Jalisco.
Daroqui afirmó que la cárcel es el símbolo del no derecho. En términos generales, es una institución ilegal porque no cumple con los mandatos de la ley, que es, supuestamente, no violentar otros derechos que no sean el de la libertad ambulatoria. Las constituciones y narrativas de muchos países indican que no deben de producir aflicción, ni sufrimiento, sino reforma.
Recomendó que si el compromiso es ingresar a la cárcel en términos políticos para garantizar un derecho, que es, en este caso, el derecho a la educación, lo que es fundamental es apelar al conocimiento de la cárcel.
Mencionó que en el siglo XIX, con la expansión de la modernidad, los legisladores de Francia, Inglaterra y Alemania discutían cómo podrían reformar la cárcel, ya que producía delincuencia, degradación, hambre y violencia. “Llegamos al siglo XXI y estamos frente a una cárcel similar, donde no se garantizan derechos y son violentados”, dijo Daroqui.
El problema surge cuando al sistema penal se le exige que garantice derechos, cuando no nació para eso; por lo tanto, es un gran desafío para el Estado de derecho y la democracia. Los sistemas penitenciarios funcionan reproduciendo la desigualdad y el gobierno de la pobreza, subrayó Daroqui.
Quienes pueblan las cárceles son siempre personas de los sectores menos favorecidos, de los sectores excluidos y pobres. “¿Es posible pensar que se les restituya derechos en un espacio de castigo a quienes se les han expropiado y conculcado antes en el espacio social?”, preguntó la ponente a manera de reflexión, y respondió: “Ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros si pensamos entrar a la cárcel a garantizar un derecho”.
Dijo que el Estado no puede, ni debe hacer ficción con los derechos. Debe garantizarlos. Describió que la cárcel es una institución que administra violencia, tanto propia como ajena, y el Estado suele desprenderse de esa violencia y hacerla propiedad de los presos y presas. “Los propietarios de esa violencia son las personas detenidas, y no el Estado que habilita esa violencia”, alertó Daroqui.
Mencionó que en México hay casi 300 establecimientos penitenciarios, entre estatales y federales. En ese contexto, uno de los retos es cómo garantizar el derecho a la educación para 200 mil personas, y expresó la importancia de construir experiencias de garantías de derecho, tanto de educación superior, media y básica.
Debe de ser posible reproducir esas experiencias con dos ejes centrales: un compromiso pedagógico de no devaluar derechos, ya que no puede haber una educación diferenciada. “Debemos ir con una matriz que tenga un umbral mínimo de garantía de derechos”. El otro es el compromiso político institucional en materia de derechos humanos.
Fungió como moderadora la académica del ITESO, adscrita al Departamento de Psicología, Educación y Salud, Nadia Gutiérrez Gallardo, quien junto con otros académicos, incluida una profesora de la UdeG, han bosquejado la posibilidad de armar una red sobre educación en prisiones en México.
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Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2021
Texto: Martha Eva Loera
Fotografía: Coordinación General de Comunicación Social UdeG