Existen claroscuros en la actuación de los diputados del Congreso del Estado de Jalisco, al aproximarse el término de su mandato en la LVIII Legislatura local. Así lo dijo el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, profesor titular de la Universidad de Guadalajara, quien agregó que “hay asignaturas pendientes, que representan focos rojos o llamadas de atención, para que nuestros legisladores asuman realmente el papel que la sociedad les encomienda con el voto ciudadano”.
Entre las acciones positivas, que Becerra Ramírez identifica en su análisis del ejercicio de los diputados en esta legislatura, destacó en particular tres leyes en materia de derechos humanos y nuevos derechos, que el Congreso aprobó en el último año. “Una de ellas es la ley de responsabilidad ambiental, cuyo lema es ‘él que daña paga’, donde contempla los daños que se puedan generar, tanto de índole civil como penal, por cuestiones ambientales”.
Otra ley que resaltó el investigador, es la de atención y desarrollo integral de personas con discapacidad, que “tal vez represente un punto de partida, que se puede después perfeccionar o complementar, para tratar de erradicar la discriminación hacia las personas con capacidades diferentes”. Por última, citó la ley sobre igualdad de hombres y mujeres, “cuya idea es de hacer una verdadera igualdad, no solamente jurídica, sino real, que posibilite la equidad de género”.
Sin embargo, evidenció que hay avances nulos en algunos asuntos que son dignos de ser resaltados, por la trascendencia que revisten para la sociedad jalisciense. “En enero de 2008 entró en vigor una ley sobre justicia alternativa para el Estado de Jalisco, pero a la fecha no se ha creado el Instituto de Justicia Alternativa, que es una asignatura pendiente muy preocupante, para cuya creación, inclusive, ya se han asignado recursos”.
Relacionada con esta ley, que tiene que ver con medios de conciliación en diferentes materias para desahogar el Poder Judicial de la saturación de asuntos, existe otra asignatura pendiente relevante, que es la creación de los juicios orales. “En 2008 se les dio 8 años a las legislaturas de los estados para implementar esta medida, e incluso hay varios estados de la república que ya los tienen, en cambio el Congreso de Jalisco no ha dedicado el tiempo suficiente para establecer juicios orales”.
En este sentido, Becerra Ramírez añadió que si bien es cierto que todavía queda bastante tiempo para aplicar esta ley, “también viene el proceso de pedagogía y de enseñanza, que ya debe de prepararse, iniciar la difusión y el debate para que se establezcan los juicios orales, sobre todo porque hay el antecedente de que otros estados ya los han implementado”.
Finalmente, señaló que entre los saldos pendientes del Congreso, destaca el presupuesto a la educación, pues “a nivel federal se incrementó del 13%, mientras que en Jalisco subió apenas del 3% en términos reales, lo que representa una diferencia del 10%”.
Guadalajara, Jal., 17 de diciembre de 2009
Texto: Alberto Spiller
Fotografía: Internet
Edición de noticias: Lupita Cárdenas Cuevas