A la luz de la preocupante situación de inseguridad, violencia e impunidad que vive el país y, en particular, nuestra entidad, el pasado 28 de mayo de 2012 la Universidad de Guadalajara creó el Comité Universitario de Seguridad Ciudadana y Justicia, con el fin de convocar a sus especialistas para el análisis y estudio del problema, y sus posibles soluciones.
La tranquilidad pública y la paz social en el Estado de Jalisco se han visto últimamente socavadas por diferentes hechos, que se reflejan en los siguientes datos:
1. Incremento significativo de las diversas manifestaciones de la violencia.
2. Debilidad institucional que se refleja, entre otros aspectos, en:
a. Crisis de liderazgo institucional.
b. Posiciones clave que no responden a perfiles idóneos sino a compromisos entre partidos políticos.
c. Política criminal de naturaleza reactiva-punitiva, que deja de lado una concepción integral de la prevención.
d. Deficiente diseño institucional y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
e. Falta de coordinación real entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.
f. Corrupción estructural e impunidad.
g. Debilidad de canales de comunicación entre el gobierno y la sociedad civil.
h. Inobservancia y desacato del mandato legal y violación sistemática de los derechos humanos.
i. Incumplimiento de programas federales en materia de seguridad y justicia.
j. Ausencia de un sistema real de inteligencia.
k. Inexistencia de un diagnóstico oportuno de la situación que guarda la violencia, la inseguridad y la delincuencia en Jalisco.
3. Ausencia de una cultura de legalidad y de paz.
4. Aplicación excesiva de la prisión preventiva, sobrepoblación penitenciaria e incumplimiento de la reinserción social.
5. Empleo de una policía estatal militarizada, al servicio de la fallida estrategia federal de combate a la delincuencia organizada.
Lo anterior, trae aparejado efectos por demás negativos en la realidad de nuestro Estado, de la que dan cuenta, entre otros, los siguientes datos:
1. La tercera parte de los delitos cometidos en nuestro Estado son de alto impacto, tales como homicidios intencionales, secuestros, extorsiones, robo con violencia, delitos sexuales, entre otros.
2. 1 de cada 10 delitos denunciados son cometidos por la delincuencia organizada, en especial, aquellos ligados con el narcotráfico y armas de
alto poder de fuego, de uso reservado y exclusivo de las fuerzas armadas.
3. 9 de cada 10 delitos cometidos no son denunciados.
4. 7 de cada 10 jaliscienses afirman sentirse inseguros en el Estado.
5. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), seis de las siete principales organizaciones del narcotráfico en México tienen presencia en Jalisco.
6. Menos de 2% de los delitos denunciados concluyen en condena o castigo, por lo que la mayoría de las víctimas consideran una pérdida de tiempo presentar denuncia
7. Del total de efectivos de seguridad en Jalisco, solo 38% ha recibido algún tipo de capacitación.
8. En general, los miembros de las instituciones policiales se encuentran en un estado de indefensión, por carecer de estabilidad y seguridad laboral, presentar problemas de salud y condiciones de trabajo deplorables.
9. Una parálisis legislativa que atenta contra la transición hacia el sistema penal acusatorio y la necesaria modernización de las instituciones de seguridad pública.
Por ello, este Comité Universitario pone a consideración las siguientes propuestas:
1. HACIA UNA CONCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. Apostar por una concepción de la seguridad donde la persona humana sea el principal objetivo del Estado. Seguridad ciudadana incluyente, capaz de gestionar eventuales situaciones de crisis, de naturaleza preventiva-disuasiva, soportada en inteligencia táctica, operativa y estratégica, en el marco del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Por tanto, se requiere de un modelo de seguridad ciudadana que plantee un cambio estructural en la relación del Estado con la sociedad, basado en la protección de la persona, la preservación de la vida humana, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo económico y social a través de una educación de calidad, el ejercicio de la ciudadanía y la participación social.
2. FORTALECER LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE VELAR POR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA JUSTICIA EN NUESTRA ENTIDAD, MEDIANTE:
a) La renovación de liderazgos.
b) La convocatoria de concursos públicos de oposición, para contribuir a la profesionalización de las instituciones.
c) El rediseño y reingeniería institucional de organización, estructura y procesos.
d) La corresponsabilidad y coordinación real entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.
e) La sanción efectiva para poner fin a la impunidad.
f) La prevención integral e impulso de la participación ciudadana.
g) La observancia de la ley por la propia autoridad y el respeto escrupuloso de los derechos humanos.
h) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los programas de la Federación, para canalizar y aprovechar los recursos correspondientes en materia de seguridad y justicia.
i) La creación y desarrollo de un sistema de inteligencia.
j) La elaboración de un diagnóstico situacional sobre la violencia, las tendencias delictivas y los delitos de alto impacto social.
3. EXIGIR AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EL DEBATE Y APROBACIÓN DEL PAQUETE DE REFORMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Es de carácter prioritario destrabar el conjunto de iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo en marzo de 2009, particularmente las relacionadas con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Ley de Control de Confianza, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.
4. APOSTAR POR LA EDUCACIÓN, COMO UN ELEMENTO GENERADOR DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD Y DE PAZ.Inversión en educación de calidad y promoción de valores éticos y de responsabilidad, capaz de generar ciudadanos comprometidos con la sociedad y el Estado, así como crear condiciones para la paz. Asimismo, poner el acento en el papel de la educación que tenga por objeto la formación de ciudadanía y la prevención integral del delito, como eje articulador de la política criminal del Estado de Jalisco.
5. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL COMPROMISO DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA. Mediante la amplia participación de los diversos sectores de la sociedad, tales como organizaciones no gubernamentales, jóvenes, iglesias, etnias, grupos empresariales, universidades, sindicatos, movimiento obrero organizado, entre otros, en la prevención de la violencia y la delincuencia.
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CENTRADAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA HUMANA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS. Mediante el reconocimiento de las múltiples causas de la inseguridad y la violencia, así como la generación progresiva de una cultura de la prevención, que se logra cuando una comunidad articula fórmulas sociales capaces de resistir colectivamente frente a las situaciones de violencia y delincuencia.
7. ALENTAR UNA POLÍTICA CRIMINAL QUE OTORGUE PRIORIDAD A LA SANCIÓN DE LAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y HAGA USO EXCEPCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Las autoridades estatales deben otorgar carácter prioritario a la persecución, investigación y sanción de los delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas y su libertad.
8. PONER EN MARCHA UNA REFORMA POLICIAL DEMOCRÁTICA, QUE ESCUCHE A LOS PROPIOS POLICÍAS Y RESPONDA AL MODELO DE POLICÍA CIVIL, NO MILITARIZADA. En otras palabras, la configuración de una policía más civil, democrática, profesional y eficiente, con un amplio reconocimiento ciudadano. Asimismo, reorientar a la institución policial, jerarquizando los denominados intangibles, tales como los procesos de reclutamiento, selección y formación de aspirantes a esa función pública; servicio civil de carrera como proyecto personal de vida, ascensos y escalafón, deontología o códigos de actuación, régimen disciplinario, liderazgo, doctrina, inteligencia y contrainteligencia, vinculación estratégica con las instituciones de educación superior, entre otros componentes de naturaleza cualitativa.
De esta manera, la Universidad de Guadalajara, preocupada por la situación de inseguridad, violencia e impunidad en el Estado de Jalisco, pero a la vez comprometida con la solución de los grandes problemas que afectan a nuestra entidad, desea pronunciarse en plena disposición para ofrecer a la sociedad y a las instancias de gobierno competentes, las capacidades de investigación y reflexión sobre la temática, así como de asesoría y capacitación a las instancias oficiales y civiles que lo requieran, con la finalidad de implementar las propuestas expresadas en nuestro manifiesto, con el afán de contribuir a generar mejores condiciones de paz, libertad, convivencia, bienestar y calidad de vida para los ciudadanos.
ATENTAMENTE
“Piensa y Trabaja”
Guadalajara, Jalisco, 1 de junio de 2012
Pablo Arredondo Ramírez
Rector del CUCSH
José María Nava Preciado
Secretario Académico del CUCSH
Samuel Fernández Ávila
Director de la División de Estudios Jurídicos
Marcos Pablo Moloeznik Gruer
Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Políticos (CUCSH)
Arturo Villarreal Palos
Profesor-Investigador del Departamento de Derecho Público (CUCSH)
Dante Jaime Haro Reyes
Profesor-Investigador del Departamento de Derecho Público (CUCSH)
Carlos Ramiro Ruiz Moreno
Coordinador de Posgrado en Derecho, y Profesor-Investigador del Departamento de Derecho Público (CUCSH)
Leticia Leal Moya
Directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, y Profesora-Investigadora del Departamento de Estudios Socio-urbanos (CUCSH)
Abelardo Rodríguez Sumano
Profesor-Investigador del Departamento de Estudios del Pacífico (CUCSH)
Adrián Joaquín Miranda Camarena
Jefe del Departamento de Derecho Público (CUCSH)
Luis Gustavo Padilla Montes
Secretario Administrativo del CUCSH y Secretario Técnico del Comité
José Alberto Castellanos Gutiérrez
Coordinador General de Servicios a Universitarios y enlace con la Administración General