El operativo nacional emprendido por la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) carece de una estrategia de articulación entre las autoridades policiacas en los tres niveles de gobierno, además de ser una medida desesperada contra los altos índices de inseguridad en el país.
Académicos de la Universidad de Guadalajara coincidieron en que dicha iniciativa responde a intereses mediáticos que lejos de beneficiar, sólo alertan a los delincuentes de los retenes y medidas que se tomarán.
“Una estrategia como ésta requiere de labores de inteligencia y contrainteligencia, de sigilo y no de anunciar con bombo y platillo qué es lo que se hará. Si no se maneja con estos elementos, sólo se convertirá en un gran retén que dejará algunas detenciones sin precisamente atacar los estratos más altos del crimen organizado”, aseguró Francisco Jiménez Reynoso, académico de la División de Estudios Jurídicos.
Por su parte el investigador del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Dante Haro Reyes opinó que la movilización de 310 mil elementos de corporaciones policiacas estatales es positiva, pero es una medida que llega tarde.
“Vamos tarde. Es una medida desesperada, demagógica y mediática y que redituará un alto costo político a los que la promueven. Más que salir a la calle a hacer detenciones y retenes, se necesita una coordinación entre las policías de los 3 niveles y la conjunción de todos”, dijo.
A su vez, Jiménez Reynoso señaló que Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en el número de extorsiones telefónicas registradas, abajo de entidades como la ciudad de México, el Estado de México y Michoacán.
Actualmente, cada 24 horas se intentan 6 mil 500 extorsiones, de las cuales 31 por ciento de las víctimas paga el monto exigido. Los juristas insisten en que existe una cifra negra en la denuncia de este delito, pues ante el ministerio público apenas se tiene conocimiento de uno de cada 4 mil casos de este tipo.
Haro Reyes subrayó que no únicamente el índice de extorsiones ha subido, sino también los delitos de alto impacto como los robos a instituciones bancarias, que tan sólo en el primer semestre del 2011 superó ya los registrados en todo el 2010.
El perfil de los delincuentes ha cambiado, de manera que los jóvenes entre los 18 y 34 años son los que cometen el 34 por ciento de los delitos, mientras que los que tienen entre 26 y 35 años llevan a cabo 35 por ciento de las violaciones a la ley.
Ambos señalaron que es necesaria una política pública encaminada a ofrecer a los más jóvenes oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado para evitar el caldo de cultivo que está generando los círculos de pobreza y desempleo en los que es más fácil y lucrativo traficar droga que estudiar, terminar una carrera y ganarse un lugar en el mercado laboral.
Guadalajara, Jal., 14 de junio de 2011
Texto: Mariana González
Fotografía: Adriana González
Edición de noticias: Lupita Cárdenas Cuevas