El acceso a la justicia, la educación y la salud son algunos de los derechos humanos obstaculizados durante la pandemia del COVID-19, y que han dejado de manifiesto que México no estaba preparado para garantizarlos durante un suceso excepcional e inédito como esta emergencia sanitaria insospechada.
Lo anterior lo señalaron algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el Seminario Suprema Corte de Justicia de la Nación “Estado de emergencia, libertades públicas y seguridad jurídica. Una reflexión contemporánea”, que fue moderado por la periodista Carmen Aristegui y celebrado este martes 1 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2020.
El ministro Javier Laynez Potisek explicó que le preocupa la situación de los derechos humanos; por ejemplo, el de la salud, por las dificultades para atender a pacientes de COVID-19, y a quienes sufren de otros padecimientos.
“Y que no están siendo atendidos porque no hay capacidades para atenderlos. Estamos, como país, pendientes del COVID-19, pero hay tantas enfermedades en todos los sectores de la población que, desgraciadamente, están dejando de lado; me preocupa mucho también esa situación”, indicó Laynez Potisek.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá secundó esta reflexión: “Todo el aparato de salud se detuvo y dejamos de atender a los demás sectores como niños con cáncer, a los adultos de la tercera edad que no pueden acudir a terapia, a quienes tienen problemas respiratorios que no pueden asistir a las clínicas y hospitales porque están llenos de enfermos de COVID. No hemos hecho la legislación adecuada, no hemos normado como debimos de haberlo hecho”.
Y en el punto de vista de los tribunales, la mayoría de los del fuero común, que son los que tienen más contacto con la gente, se quedaron congelados y la gente no tuvo acceso a pensiones alimenticias, divorcios y asuntos del derecho familiar.
“No tenemos los recursos para poder satisfacer las demandas de justicia de toda esa población. Teníamos que haber actuado más rápido los congresos de los estados y la Ciudad de México, expedir normas para paliar a la sociedad. Dejamos de hacer mucho y tenemos que avanzar más para tener justicia en línea como la tiene Estonia, país que puede acudir a los tribunales en línea para demandar justicia. Esto nos dejó fríos”, apuntó González Alcántara Carrancá.
Lo mismo pasó con el derecho a la educación, pues no todas las familias estaban preparadas para trabajar en línea, concluyó.
El ministro Alberto Pérez Dayan añadió que los últimos diez años se han caracterizado por la forma en que los derechos humanos tuvieron mayor exigencia, y México caminaba hacia un entorno donde su demanda se volvía cosa de todos los días.
“Pero también nos demuestra que había una alta judicialización en México, donde otros sistemas alternativos para solucionar los conflictos no habían funcionado. Hoy, otra crisis inhabilitante, nos pone de frente a un gran problema: ¿estamos en el camino adecuado de mantener este nivel de judicialización de la vida pública y cotidiana de los individuos?”, dijo.
La Ministra Ana Margarita Ríos Farjat explicó que la afectación no fue la misma para todos, pues había sectores con menos acceso a derechos como la salud.
“Esta situación de pandemia nos viene a recordar las desigualdades; quien no tiene accesos quizá se puede ver más alejado de los accesos, y esto nos puede orientar hacia una solidaridad social. Y no es una cuestión sólo de deseo, çeste fue uno de los momentos históricos en que nuestros derechos dependen del bienestar de la colectividad”, indicó.
El catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de España, doctor Alejandro Saiz Arnaiz, explicó que, tradicionalmente, en una crisis se responde limitando derechos como una medida eficaz para reducir los riesgos a la salud de miles de personas.
“Al final, derechos limitados, restringidos, poderes reforzados en el Poder Ejecutivo, son respuestas universales en Europa y en América y que, históricamente, se han dado en ocasiones similares a ésta. Estamos en el Estado constitucional de inicios de siglo XXI, el más evolucionado en los dos siglos de vida de los Estados constitucionales, y hoy están mejor dotados para responder a estos fenómenos de concentración de poder en el Ejecutivo y la restricción de derechos fundamentales”, expuso Saiz Arnaiz.
Recordó que los países cuentan con controles políticos, parlamentos habilitados para censurar al Ejecutivo cuando se extralimite en el ejercicio de las potestades extraordinarias en emergencias. También se cuenta con tribunales constitucionales en mejores condiciones que nunca para fiscalizar eventuales excesos en las restricciones de derechos o poderes concentrados del Ejecutivo.
Y, finalmente, existen instituciones internacionales que también vigilan a los Estados en situaciones como ésas, por lo cual no descartó que en lo sucesivo se presenten demandas que cuestionen decisiones nacionales sobre decisiones de este tipo.
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"
Guadalajara, Jalisco, 2 de diciembre de 2020
Texto: Julio Ríos
Fotografía: Cortesía FIL