El Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones (ACTA, por sus siglas en inglés), cuyo argumento es proteger los derechos de propiedad intelectual, soslaya una verdadera intención de controlar el Internet, lo que podría significar la violación de derechos a la privacidad, a la información y al conocimiento de la ciudadanía.
Lo anterior fue señalado por investigadores de la Universidad de Guadalajara, quienes rechazaron la implementación de esta iniciativa, la cual en estos momentos es negociada en la Cámara de Senadores de nuestro país. Dicha medida ya fue aprobada en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
La investigadora Carmen Rodríguez Armenta, integrante de la Academia Mexicana de Informática, explicó que en naciones del Medio Oriente y Asia, las tecnologías y redes de Internet han potenciado cambios sociales, por lo que su regulación implicaría vigilar los movimientos y afectaría diversos derechos.
“Considero que si tú limitas Internet estás limitando a la democracia, porque Internet y las tecnologías son un apoyo para la democratización de la información, para el conocimiento y bueno, a cualquier gobierno en turno le parecería suculento tener ese control tan importante que significa Internet”, señaló.
De asumir la medida, el Gobierno federal podría solicitar a los proveedores de Internet los nombres de instituciones o personas que realizan peer to peer, es decir, cuando acceden a Internet y bajan de manera ilegal canciones o películas. “Aprobar ACTA es buscar delincuentes en el sitio equivocado”, indicó la investigadora.
En México existen 17 leyes que regulan los derechos de autor y propiedad intelectual, las cuales deberían aplicarse, comentó Rodríguez Armenta; quien ya envío un posicionamiento al Senado de la República y participó en una de las ocho reuniones de trabajo del grupo plural ACTA.
Durante una rueda de prensa en la UdeG, Martín Mora Martínez, especialista del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCSH, dijo que el acuerdo también representa “un ataque directo a la producción de conocimiento generado en las universidades públicas”.
“El trabajo intelectual, de por sí ya sometido a muchas regulaciones, estaría sometido a una más, que es el continuo control por agentes externos de lo que hacemos los investigadores”, dijo.
Mora Martínez resaltó que el conocimiento producido por los espacios académicos busca resolver problemas reales, por lo que debe ser gratuito y estar al alcance de todo mundo, “no tiene por qué estar regulado o sobre regulado por ninguna instancia que no sea la de los propios académicos”.
Además, aplicar esta medida sería complicado puesto que se requeriría acondicionar la legislación, la vigilancia de los proveedores de banda ancha, lo cual implicaría un costo y no sería asumida por ellos, considerando que México es de lo países de la OCDE con los más altos precios de suscripción a Internet.
El 6 de abril es la última reunión de senadores para las conclusiones, por lo que los universitarios plantearon como el momento de que la ciudadanía esté enterada y levante la voz para señalar su desacuerdo en el acuerdo.
“Esperamos que los senadores sean sensibles a lo que puede suceder en México de aprobarse el tratado”, concluyó Rodríguez Armenta. Hay una página de Internet para conocer y opinar al respecto en www.senado.gob.mx/comisiones/LX/grupo_acta.
Guadalajara, Jal., 17 de marzo del 2011.
Texto: Eduardo Carrillo
Fotografía: Adriana González
Edición de noticias: Lupita Cárdenas Cuevas