La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, presentada por el Ejecutivo federal, es positiva, calificaron investigadores de la Universidad de Guadalajara, ya que asegura la cobertura de todos los mexicanos a Internet, el derecho a la información y castigará las prácticas monopólicas.
No obstante, para la Coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional de la UdeG, maestra Carmen Rodríguez Armenta, es urgente la puesta en marcha del Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de que ciudadanos y académicos deberán vigilar que opere de manera adecuada, sin presiones, a fin de que la banda ancha sea para todos, que se mejoren condiciones del mercado para la competencia en telecomunicaciones y que cuesten menos los servicios, por ejemplo de telefonía.
El coordinador general de Tecnologías de la Información de la UdeG, ingeniero León Felipe Rodríguez Jacinto, destacó que esta iniciativa garantizará el libre acceso a la información veraz, plural y oportuna, así como de la libertad de difundir opiniones e información, pues establece tipos penales especiales que castiguen las prácticas monopólicas.
“Aquí también se busca que a través de la competencia se alcance una cobertura universal y mejores condiciones para el consumidor en un mediano plazo”. Para eso la ley indica que las “empresas van a poder compartir o deberán compartir la infraestructura que ya tienen para llegar a los diferentes usuarios”.
Por su parte el doctor Martín Mora Martínez, investigador del Departamento de Estudios Socio Urbanos del CUCSH, resaltó que con esta iniciativa se garantiza el acceso al conocimiento y a la información, además traerá más desarrollo académico, tecnológico, nuevos programas educativos y de investigación.
Reconoció al Gobierno federal, el cual “toma por fin una decisión importante, que es regular y meter orden un poco a la existencia de monopolios”. No obstante, dijo: “vamos a ver cómo se implementa”. Un pendiente será regular los contenidos de televisión. No se trata de censurar, sino que sean “educativamente viables para que apoyen a las universidades”.
Rodríguez Armenta insistió que la iniciativa es lo más destacado en los últimos 20 años en México en esta materia. Sin embargo, hay cuatro riesgos: Que el instituto opere lo más pronto posible, puesto que se encargará de dar y quitar concesiones y nombrar los comisionados, que serán siete, los cuales deberán tener conocimientos tecnológicos y que contemplen el factor social.
El punto número dos corresponde a las leyes secundarias, “para que se genere el proceso de competencia, y no nada más unos entren al mercado de otros y viceversa, y entonces todo sigue igual”. El número tres es el cuidado del mercado. El cuarto es la necesidad de invertir en infraestructura para que no se corra el riesgo de saturación. “Considero que ese es un elemento que debe estarse observando para que podamos seguir contando con un servicio de calidad”.
Guadalajara, Jal., 13 de marzo de 2013
Texto: Eduardo Carrillo
Fotografía: UDG
Edición de noticias en la web: Lupita Cárdenas Cuevas