La Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado han concursado de forma voluntaria en las convocatorias de la SEP para obtener fondos federales. Las cuales se publican en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios de circulación nacional y convocan a las Instituciones Públicas de Educación Superior y a los gobiernos de las entidades federativas a la obtención de fondos.
Al decidir concursar para recibir recursos federales, el Gobierno del Estado se comprometió, ante la Universidad de Guadalajara y la SEP, a aportar las contrapartidas correspondientes a las que aprueba el Gobierno Federal. Lo cual es un procedimiento habitual en muchos otros fondos federales, sobre todo en los fondos educativos.
Con la pretensión de desatender los compromisos suscritos, el Gobierno Estatal señala no contar con los convenios tripartitos suscritos; sin embargo, la obligación jurídica nace del hecho de que el Gobierno de Jalisco solicitó que se le inscribiera en el concurso y emitió, a través de la Secretaría de Finanzas, cartas compromiso para entregar las contrapartidas.
El Gobierno del Estado, además de haber sido comunicado por el Gobierno Federal sobre los recursos que cada entidad debía aportar, recibió los recursos federales correspondientes y los transfirió a la Universidad de Guadalajara para los fines del fondo específico.
El argumento del Gobierno del Estado de que entregaría las contrapartidas siempre y cuando tuviera los recursos disponibles, no lo exime del pago. Independientemente de que el Gobierno del Estado, por razones políticas o de necedad, pretenda no reconocer su adeudo, hay un hecho incontrovertible: la Federación aportó poco más de 700 millones de pesos y las contrapartidas estatales aún no se han entregado.
Ante la existencia del adeudo hay un reclamo formal por parte del Gobierno Federal. La autoridad competente para reclamar los recursos de 2007 y 2008 es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que para los recursos de 2009 y 2010 se delegó la facultad a la SEP.
Si no podía aportar la contraparte, la obligación del Gobierno del Estado era reintegrar los recursos federales. De acuerdo con lo que claramente establecen las leyes en la materia y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, la no devolución de los recursos federales es susceptible de ser cobrada de forma automática, y con recargos, a través de un descuento en las participaciones que la Federación envía al Estado.
Es incongruente sustentar que el adeudo estatal por contrapartidas puede subsanarse con los recursos adicionales otorgados de 2001 a 2006 por el Decreto 18800, pues además de que ya fueron destinados a actividades específicas, pertenecen al subsidio ordinario estatal. El subsidio ordinario no debe confundirse con los compromisos adquiridos para la obtención de fondos extraordinarios.
El adeudo es reconocido por el poder Legislativo Federal, a través de sus cámaras de Senadores y Diputados, así como también es catalogado como adeudo por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública. El Gobierno del Estado debe reconocer que no entregó esos recursos.
Es lamentable que el Gobierno del Estado carezca de formalidad para reconocer su adeudo con la Universidad de Guadalajara, pues éste es el primer paso para iniciar la solución del conflicto.
A T E N T A M E N T E
“Piensa y Trabaja”
“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución”
Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre de 2010