El Gobierno del Estado renunció a solucionar el problema del transporte público al permitir un eventual aumento en la tarifa de 7 pesos a 9.50 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y de 10 pesos en Puerto Vallarta, afirmó la investigadora del Centro de Investigaciones de Medio ambiente y Ordenación Territorial, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la UdeG, doctora Adriana Olivares González.
“Es una manera de decir ‘tiró la toalla’, y que lo resuelva el gobierno que viene. Esa es la interpretación que le podemos dar. Sí son muchos los aspectos que se quedan pendientes: se había dicho que habría mejoras y que iban a evaluar a cada ruta, pero no observamos que haya un buen manejo en las condiciones de la movilidad, e incrementar la tarifa nos deja a todos estupefactos”, advirtió la especialista en movilidad urbana y espacio público.
Aseguró que es “raro” que se imponga una nueva tarifa cuando los problemas de movilidad y del transporte público aún son evidentes. Aunque ha habido modificaciones en cuanto a que algunos autobuses son de reciente modelo, a la implementación de la tarjeta única de pago y a la capacitación que han recibido los choferes, aún falta resolver otros problemas y no se observa una mejora general.
“El transporte en Jalisco tiene las mínimas condiciones de calidad para circular de manera medianamente segura, y con el nuevo aumento de la tarifa parece que nos están dando atole con el dedo, no hay justificación”, refirió la universitaria.
Para Olivares González el modelo de ruta-empresa que pretendía el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no logró consolidarse, debido a que no tuvo “una gestión política exitosa” y porque las empresas transportistas “todavía tienen mucho poder”; por ello, sólo algunas rutas pudieron transitar a este modelo, pese a que el Estado pudo haber ejercido su autoridad para hacerlos cumplir con los requisitos.
“Tampoco su Estado está ejerciendo su capacidad y responsabilidad para cuidar a los ciudadanos y vigilar su seguridad, el medio ambiente, la calidad de los servicios públicos. Se renunció a eso frente a la fuerza política que todavía tienen los concesionarios del transporte, y lo que al principio parecía una medida positiva, no se concluyó”, aseguró.
Aunado a ello no hay un plan de movilidad consolidado y de largo plazo que permita tener la certeza de que habrá corredores de transporte masivo que considere otros tipos de transporte colectivo, el sistema multimodal y la movilidad no motorizada.
“No se cumplió el primero de los objetivos que era hacer el cambio hacia el modelo de ruta-empresa, además de un transporte efectivo para el Periférico. Se habló de generar el Peribús, un proyecto importante porque era el área ideal de cambio de modalidad en el transporte”, abundó Olivares González.
El reto para el gobierno estatal entrante, que encabezará Enrique Alfaro Ramírez, será primero no cambiar el nombre a la Secretaría de Movilidad para que sus funciones no estén sólo enfocadas en la gestión y regulación del transporte, además de generar un plan integral de movilidad sostenible que permita saber qué acciones estratégicas se van a implementar en los próximos 30 o 40 años para lograr una ciudad con una movilidad más amable con las personas y la economía.
Sugirió, además, tener un sistema de indicadores que midan la evolución del modelo de movilidad de la ciudad, además de la integración modal que incluya al automóvil, la bicicleta y zonas peatonales como formas de moverse por la ciudad.
“Esta integración modal tiene que tener una integración tarifaria que haga que las personas paguen lo justo por trasladarse mediante los sistemas de prepago, de manera que una persona pueda tener opción de trasladarse una parte de su camino en coche o bicicleta, y otra en el Tren Ligero, Macrobús o camión”, concluyó Olivares González.
A t e n t a me n t e
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco, 4 de noviembre de 2018
Texto: Mariana González
Fotografía: Fernanda Velázquez