Para frenar los abusos contra los migrantes en tránsito por México, urge que las autoridades tengan voluntad política para aplicar las reformas en materia humanitaria, y que la sociedad se sacuda la desinformación y los prejuicios que llevan a criminalizarlos, señalaron los ponentes del Foro sobre Migración Internacional realizado en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Luis Enrique González Araiza, asistente jurídico de la asociación civil Dignidad y justicia en el camino, mejor conocida como FM4 y la investigadora del Departamento de Estudios Socio Urbanos del CUCSH, doctora Ofelia Woo Morales, ofrecieron un diagnóstico de la crisis humanitaria que viven los migrantes mexicanos y centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos.
Para Ofelia Woo “existen avances en la legislación, lo que hace falta es la voluntad política para aplicarlos”. Son los casos de la Ley de Migración, el Reglamento de la Ley de Migración 2012 y el Programa Especial de Migración 2014-2018 que, entre otros objetivos, contemplan fomentar la cultura de la legalidad y los derechos humanos, así como favorecer procesos de integración y reintegración de migrantes y sus familias, y fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de migrantes y defensores.
“El reto es pasar del discurso a la aplicación de la norma en derechos humanos. Entre los desafíos que identificamos está difundir programas de apoyo a la población migrante, fortalecer la participación de instituciones públicas con organizaciones de la sociedad civil, firmar convenios bilaterales con Estados Unidos y multilaterales con Centroamérica sobre protección de migrantes irregulares y otorgar visas de tránsito para evitar la violación de derechos de los migrantes en tránsito”, detalló Woo Morales.
Enfatizó que después del año 2000 disminuyó el flujo migratorio, de acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) que realiza el Colegio de la Frontera Norte. En 2011 eran 317 mil migrantes y en 2014 fue de 164 mil, “pero no porque México haya mejorado sus condiciones, sino porque la crisis económica de Estados Unidos frenó este éxodo”.
González Araiza, en su ponencia, derrumbó mitos sobre la correlación que la sociedad hace de criminalidad–migración que actualmente se vive en la ZMG, donde por desinformación se criminaliza al migrante. “Es paradójico que, en un mundo neoliberal, no haya restricciones para la mercancía y puedas ver una Coca Cola en Timbuktu, pero para las personas sí haya fronteras”.
Señaló que, según la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y las reformas constitucionales, un migrante no es un delincuente, sino que sólo comete una falta administrativa.
Recordó que la Ley de Migración contempla que al migrante se le otorguen sus derechos a la salud, a la educación y a la justicia, pero solamente seis estados tienen una Ley Estatal de Migración y, por lo tanto, en los restantes –entre los que se encuentra Jalisco–, no se puede acceder a ellos por falta de derecho adjetivo.
A T E N T A M E N T E
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal., 8 de septiembre 2015
Texto: Julio Ríos
Fotografía: José María Martínez