Un Estado no puede regirse con normas y leyes eclesiásticas para dirimir los problemas sociales que aquejan a la población, señaló el rector del Centro Universitario de los Lagos (CULagos), Roberto Castelán Rueda, miembro del Comité Universitario de Análisis Social, que ayer publicara en los medios un documento titulado “¿Estado de derecho o estado confesional?” que critica las modificaciones a la ley hecha por los legisladores del Congreso del Estado para sancionar como delito el aborto en Jalisco.
“Con el documento que publicamos queremos emitir nuestra preocupación a que el Estado, en lugar de basarse en argumentos científicos para la toma de decisiones y legislar sus políticas, lo hace con argumentos de corte religioso y sanciona como pecado lo que es competencia de la ciencia. Ya no estamos en esa época, sobre todo cuando las leyes actuales deben estar hechas para solucionar problemas sociales, y esta ley (antiaborto) no las soluciona, al contrario, los agrava”.
Señala que esta ley, que el Congreso del estado de Jalisco emitió el pasado 26 de marzo, en la que establece que el derecho a la vida va desde la fecundación hasta la muerte y sanciona a las mujeres y a quienes intervienen en un aborto, “es una ley que no está protegiendo la ‘vida’ sino una concepción que sobre la idea de “vida” practica una religión, porque este tipo de palabras son solo conceptos abstractos, que deberían estar sometidos a discusión y a construcción”.
Es por ello que Castelán Rueda ya planea, junto con el Comité Universitario de Análisis Social, en el que también participa el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Pablo Arredondo Ramírez, así como el exrector de la UdeG, José Trinidad Padilla López, un foro abierto al público para analizar este asunto, en la que invitarían a personas expertas en las áreas relacionadas con la salud publica, biología e iglesia y estado”.
“Esta ley no protege el Estado el derecho a la vida, sino lo que hace es criminalizar a las mujeres que optan por esta decisión y agravar la salud pública de la sociedad, lo que tergiversa la función propia de los legisladores, que es la de escuchar la opinión de todas las partes, con independencia de criterios y gustos personales. Esa ley no está concensada, aunque ellos se escudan en 57 mil firmas. Aunque no les guste, los legisladores tienen que velar por el bien común y evitar posturas de un pensamiento único, que propicia dividir a un país”.
Agrega Castelán Rueda que este problema tampoco implica una confrontación, porque diferir de las ideas de un grupo significa, precisamente, que estamos en un estado laico. “El Estado laico no prohíbe la religión, al contrario, defiende a que las personas escojan o crean en lo que mejor les convenga, y este no es el caso. Lo que nos preocupa es que el Estado está adoptando las mismas posiciones de la Iglesia católica. Nosotros, con este seminario de análisis, queremos plantear que estos asuntos tienen que ser pensados y analizados. No queremos salirnos de nuestro ámbito de acción, que es académico y científico, por lo que invitamos a que este tema sea discutido a fondo y evitar que miles de mujeres mueran en condiciones terribles.
Guadalajara, Jal., 3 de abril de 2009
Texto: Juan Carrillo Armenta
Fotografía: Internet
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas