La reforma penal en México avanza de forma lenta y caótica, consideró la jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UdeG, Carla Delfina Aceves, quien reconoció cambios parciales. No obstante, planteó la necesidad de una transformación integral que deje un sistema más ágil, eficiente, justo y equitativo.
Durante el Congreso Latinoamericano de Derecho “Reforma penal en México, una perspectiva comparada” en el CUCEA, en el cual participaron especialistas extranjeros lamentó que ese lento progreso afecta en mayor medida al ciudadano, puesto que no tiene un sistema de justicia eficiente. En México, más del 90 por ciento de los delitos quedan impunes.
“Estamos acostumbrados a un sistema penal que tiene que ver con violadores, con delincuentes mayores, con terroristas, sin embargo, no podemos negar que todos estos delitos especiales, tienen un fuerte impacto económico” tanto de las personas como el Estado, lo cual está “desatendido tanto por juristas, como por economistas”, dijo Aceves.
Por su parte el investigador del Departamento de Derecho Público del CUCSH, Arturo Villarreal Palos, indicó que apenas ocho entidades de México tienen en marcha una reforma en esta materia y algunas son: Baja California, Oaxaca, Durango, Morelos, Zacatecas, Guanajuato y Nuevo León.
Sobre por qué no avanza en el resto de México, el estudioso dijo: “Avanzar en la reforma implica presupuesto para infraestructura y recursos materiales. En otros casos no ha habido los acuerdos políticos necesarios entre los congresos y los poderes ejecutivos para poder consensuar una reforma, tal como ocurre en Jalisco”.
Para consolidar esta iniciativa, señalaron los académicos universitarios, se requiere una visión a largo plazo y custodiar el bienestar tanto social como del Estado mexicano. Es necesario cambiar usos y costumbres jurídicos penales, mayor tecnología, modificar procedimientos, implementar los juicios orales, entre otros.
Villarreal Palos indicó que de cada 100 delitos sólo 22 reciben una denuncia ante el Ministerio Público. “Casi el 80 por ciento (de personas) prefieren cargar con el delito, porque consideran que van a perder el tiempo o que les va ir peor. Empezando por ahí tenemos un sistema de procesamiento inadecuado”, dijo.
“Necesitamos cambiar el sistema de procesamiento, de tal forma que la policía, nuestra policía, en la que tampoco confiamos, pueda tener un papel más activo en la investigación de los delitos sin violar los derechos humanos”, agregó Villarreal Palos.
Por lo tanto, concluyó: este nuevo sistema requiere modificar el ministerio público, la policía y los jueces, a fin de que exista una forma más ágil de intervenir ante el delito y que la gente pueda tener una respuesta pronta y oportuna a los problemas que le aquejan.
Guadalajara, Jal., 3 de mayo de 2011
Texto: Eduardo Carrillo
Fotografía: CUCEA
Edición de noticias Lupita Cárdenas Cuevas