Estudiantes de esta casa de estudios interpusieron una demanda contra el estado de Jalisco para solicitar la protección de los derechos humanos fundamentales de Gerardo Martínez, alias “Barrabás”, un indigente que vive en las calles de la ciudad de Guadalajara desde hace 20 años.
Bajo las reformas constitucionales de la Ley de amparo y a nombre del interesado, los egresados de la licenciatura y ahora alumnos de la maestría en derecho de esta casa de estudios, antepusieron en los juzgados de distrito una solicitud para que el Estado ofrezca a este indigente acceso a un albergue o vivienda, a la salud y a una vida digna, explicó la estudiante María Agustina Rodríguez Morán, miembro de la Clínica forense de amparo de la UdeG.
El indigente presenta evidente falta de salud, mala alimentación y ciertos problemas mentales, además de no contar con un espacio para vivir ni una ocupación, situación que vulnera su dignidad como ser humano y por ende viola sus derechos humanos, detalló.
El investigador del posgrado de derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Manuel Ayala Reyes, explicó que en la demanda solicitan que las autoridades estatales se aseguren de que esta persona tenga las condiciones mínimas necesarias para su reinserción a la sociedad y su desarrollo físico y mental.
Esta es una de las posibilidades de exigir la protección a los derechos humanos a partir de esta reforma de ley que entró en vigor en 2011 y que busca que el Estado mexicano emprenda acciones proactivas en favor de los derechos fundamentales, por lo que de no hacerlo, pueden ser exigidas por la sociedad.
Hasta ahora la legislación desalentaba los reclamos de la ciudadanía en derechos humanos, pero el hecho de que estas demandas sean consideradas imprácticas o ideales, no significa que la sociedad no exija su cumplimiento.
Tadeo Hubbe, coordinador de la carrera de derecho adscrita al CUCSH explicó que esta demanda tiene como antecedente un juicio similar en el Distrito Federal, en el que el indigente Ricardo Farías obtuvo protección médica, atención sanitaria y psiquiátrica, además de un trabajo temporal. Explicaron que el juicio de amparo tardaría entre tres y cinco meses.
Guadalajara, Jal., 13 de septiembre de 2012
Texto: Mariana González
Fotografía: Adriana González
Edición de noticias en la web: Lupita Cárdenas Cuevas