El incremento al salario mínimo, al pasar de 88.36 pesos diarios a 102.68 compensó la pérdida del poder adquisitivo registrada al cerrar el último bimestre de 2018; pero es insuficiente para satisfacer el bienestar mínimo y las necesidades de los mexicanos.
Al acabar 2018, el costo total de la canasta básica alcanzó los 11 mil 246 pesos, lo que significa que un trabajador hubiera necesitado, hasta diciembre del año pasado, 4.2 salarios mínimos mensuales para adquirirla y 3.6 de los vigentes en este 2019, destacó el profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), doctor Héctor Luis del Toro Chávez.
Al dar a conocer los resultados de su investigación “Canasta básica e índice de precios en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)”, la cual arroja resultados bimestrales, dijo que el salario mínimo mensual vigente en 2018, ubicado en 2 mil 467 pesos, sufrió una pérdida en el último semestre del año pasado de 183 pesos; por lo cual, para resarcir la pérdida, se recomendaba un salario de 2 mil 848 pesos. El salario mínimo en 2019 se ubica en 3 mil 121 pesos.
Del Toro Chávez resaltó que un trabajador y su familia, integrada en promedio por cuatro o cinco miembros, para tener el mínimo de bienestar requerido, debería de contar con percepciones de 15 mil 904 pesos, por lo menos. Es decir, 5.09 salarios mínimos de 2019.
Detalló que 9.4 por ciento de la población ocupada de Jalisco recibe un salario mínimo o menos, y 28 por ciento entre uno y dos salarios mínimos; quienes reciben entre dos y tres representan 26.10 por ciento, y los que ganan tres a cinco, 17.20 por ciento.
El investigador universitario manifestó su preocupación respecto a que el incremento al salario mínimo pudiera suscitar incrementos en precios de bienes y servicios, por lo que deben de analizarse las medidas que pudieran evitar o contrarrestar esos aumentos en los precios, de manera que haya un control.
“Se debe pugnar por una suma de voluntades desde las diferentes esferas políticas y sociales, así como de la población en general, para crear un mercado interno sólido y sano, donde el consumo y la inversión aumenten, así como la calidad de vida de las personas”, sugirió del Toro Chávez.
La inflación, determinada por el alza en los precios de los productos, al cerrar 2018 se ubicó en 7.45 por ciento, cuando el Banco de México la sitúa en 4.43 por ciento.
De los 121 productos considerados para la investigación, 110 bienes presentaron incrementos; de éstos, 52 tuvieron alzas por encima de 7.45 por ciento y 58 productos por debajo de ese porcentaje.
Las principales alzas se centraron en la naranja, 40 por ciento; el tomate verde, 32; chile serrano y gelatina, 31; filete de cazón, 30; lechuga, 29; chorizo, 19; pan de barra, 15 y jitomate, 14; entre otros.
El caso de las gasolinas
Del Toro Chávez agregó que la implementación de un programa de combate al robo de las gasolinas ha generado una crisis del hidrocarburo, el cual es crucial para la economía del país.
Ante el cierre de ductos, numerosas gasolineras de diferentes Estados de la república, incluido Jalisco, no cuentan con el combustible suficiente para satisfacer la demanda de los ciudadanos e industrias, detalló el investigador.
Las compras de pánico; el racionamiento de combustible; el cierre de algunas estaciones de servicio y el caos vial, son algunos de los efectos del problema. Otros que podrían afectar a la economía son una menor actividad económica, lo que impactaría en una menor recaudación por parte de la Secretaría de Hacienda.
El proceso productivo de algunas empresas ha sido afectado y en el caso del campo, que requiere de gasolina para traslados, por lo que pudiera haber aumento de precios por la carencia de algunos productos, y habría un incremento en la inflación.
La medida pudiera afectar el empleo, ante despido de trabajadores que no pueden llegar a sus lugares de trabajo por falta de gasolina.
El sector oficial tiene manera de detectar las fugas en los ductos y el horario. Por lo tanto, las medidas oficiales no tendrían por qué involucrar en el problema a la población.
El gobierno debe examinar el costo–beneficio de sus estrategias en términos económicos, políticos y sociales, ya que generar ansiedad en la población y provocar una parálisis económica no son acciones adecuadas para acabar con el delito.
Se requiere una solución eficaz, que garantice el abasto del combustible y castigue a los responsables del “huachicoleo”, incluyendo a funcionarios, empresarios y criminales.
A t e n t a me n t e
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2019
Texto: Martha Eva Loera
Fotografía: Adriana González | Fernanda Velázquez