Los integrantes de la Junta Académica de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, así como los académicos de la Coordinación de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara, atentos a las reformas del marco jurídico nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública y tomando en consideración el decreto aprobado por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco el pasado 8 de septiembre en el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hicieron pública su postura al respecto.
Lo anterior en un desplegado que se publicará este jueves, en diarios de la localidad, dirigido al gobernador de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de Jalisco, diputado Juan Manuel Alatorre Franco; a los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, y a la opinión pública.
Subrayan que el Decreto incorpora diversos elementos positivos que deben considerarse logros consolidados, tales como: La transparencia proactiva, focalizada y los datos abiertos como obligaciones; La incorporación de fideicomisos, sindicatos y cualquier otra persona física o jurídica que reciba o administre recursos públicos como sujetos obligados; La prohibición de reservar carpetas de investigación cuando contengan información relacionada con actos de corrupción o violaciones a Derechos Humanos; La obligación de publicar el currículo de los candidatos a ocupar cargos de elección popular; y la ampliación de diversas obligaciones de información fundamental.
Agregan que no obstante, también identificaron diversos aspectos que menguan las potencialidades de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información en nuestro Estado y que deberían ser considerados, tanto por el titular del Poder Ejecutivo como por los integrantes del Legislativo, de manera que puedan ser objeto de corrección y permitan a Jalisco ser un referente nacional en la materia.
Entre ellos, destacan: se eliminó del artículo 18, fracción I de la Ley de Transparencia, que obliga a los sujetos obligados a que, previo a negar información reservada y aplicar prueba de daño, deben de cerciorarse que dicha información encuadra en alguna de las hipótesis de reserva que establece la Ley. Con esta modificación, ahora la autoridad podría reservar cualquier tipo de documento; se incorporó una causal de improcedencia al recurso de revisión cuando se impugne la veracidad de la información entregada, con lo cual se imposibilita al ciudadano a combatir legalmente la entrega de información cuando ésta sea falsa. Lo anterior impone una restricción al derecho de los ciudadanos.
Asimismo, advierten que no se estableció en la Ley la obligación de hacer públicos los informes y dictámenes finales de las auditorías y las cuentas públicas desde el momento mismo en que son entregados a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, sin necesidad de esperar a que sean aprobados para su publicación; no se incorporaron a la Ley obligaciones concretas al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco para publicar información de interés público con el carácter de información fundamental, y no se establecieron obligaciones particulares a cargo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Además, cuando la autoridad niega la protección de datos personales en Jalisco, el ITEI debe de realizar una revisión de oficio sin que la persona tenga que interponerla. En el decreto aprobado se derogó esa atribución, lo que podría atentar contra el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, puesto que ahora los ciudadanos tendrían que acudir a interponer en cada caso el recurso.
Puntualizaron que al encontrarse el Decreto en el ámbito del Poder Ejecutivo para su promulgación, es posible y deseable que el Gobernador del Estado realice observaciones al mismo en el marco del equilibrio y colaboración entre poderes contemplado en la Constitución.
Lo anterior daría mayor certeza a los ciudadanos en torno a la transparencia en el ejercicio del poder público, el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales.
Los firmantes son los integrantes de la Junta Académica de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, así como de la Coordinación de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara: Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, Mtro. Gabriel Torres Espinoza, Dra. María del Socorro Pérez Alcalá, Dr. Alfonso Hernández Godínez, Mtro. Harold Sidney Dutton Treviño, Mtro. Jorge Alberto Alatorre Flores, Mtro. Rigoberto Silva Robles y Mtro. Víctor Manuel Saavedra Salazar, Mtro. César Omar Avilés González y Mtro. Francisco Javier Zamora Briseño.
AT E N T A M E N T E
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal., 23 de septiembre 2015