Especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidieron en la importancia de defender la autonomía universitaria ante los embates que vive la educación superior en el país, y en virtud de las críticas que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la UNAM y otras universidades de México.
Al participar en el seminario “La autonomía universitaria en cuestión”, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), el investigador y académico José Woldenberg dijo que para cumplir cabalmente con su misión, las universidades deben de ser autónomas, es decir, poder diseñar sus planes y programas de estudio sin interferencias, así como trazar líneas de investigación de manera libre y con libertad de expresión y pensamiento.
“El problema es que al Presidente de la república no le gustan las autonomías; le gustaría ejercer un poder ejecutivo como se ejercía a mediados del siglo pasado, es decir, un poder que concentre las facultades y no tenga contrapesos”, declaró.
El doctor Pedro Salazar, de la UNAM, señaló que las declaraciones infortunadas y raras por parte del titular del Poder Ejecutivo hacia distintas universidades, en particular hacia la UNAM, han generado preocupaciones y todo el conjunto de acciones y decisiones han venido a impactar de manera negativa el quehacer de la vida académica nacional, y potencian los riesgos de afectación a conceptos tan importantes como el de la autonomía.
“A la autonomía nunca la he concebido como un fin, es un medio para generar las condiciones necesarias para realizar el quehacer universitario en todas sus dimensiones, a plenitud. En ese sentido, la autonomía es condición de libertad y diversidad; una condición necesaria, aunque no sea suficiente, para el despliegue de las distintas tareas que tiene a su cargo la vida universitaria: investigación, difusión de la cultura, docencia y formación de estudiantes”, apuntó.
La doctora María Marván, también de la UNAM, precisó que junto con la autonomía universitaria hay que rescatar la laicidad de la educación y la pluralidad, ya que no solamente es injusto, sino peligroso, el pensar que la universidad tiene un pensamiento único.
“La universidad es parte del Estado, pero es una parte autónoma en ese Estado, y como tal le obliga toda lógica de transparencia, de acceso a la información y de rendición de cuentas, y esto se ha cumplido a cabalidad. Las universidades rinden cuentas y deben de seguirlo haciendo, y como parte del Estado son sujetos obligados frente a la sociedad”, comentó.
El doctor Roberto Rodríguez dijo que en el país existen 41 instituciones de educación superior autónomas, y en los últimos años el sector autónomo ha perdido representatividad cuantitativa, lo que es un indicador del escaso interés gubernamental de continuar desarrollando este modelo como vía estratégica del sistema nacional de educación superior.
“No obstante, en el pasado reciente las universidades autónomas consiguieron desarrollar procesos de crecimiento, descentralización, superación de la planta académica, ampliación de la infraestructura, creación de nuevas carreras y consolidación de posgrados, que fue posible por la distribución de fondos extraordinarios que apoyaban tales proyectos. Hoy, como se sabe, esos fondos prácticamente se han extinguido; a ello se agrega la tendencia también decreciente del gasto público en la educación superior y el correspondiente a ciencia y tecnología que, además, ha generado que al menos una docena de universidades autónomas estén en condiciones críticas y obligadas a una negociación bilateral poco transparente para acceder a recursos. Hoy la defensa de la autonomía es también la defensa del presupuesto”, apuntó.
El doctor Diego Valadés, de la UNAM, destacó que todos los estudios colocan a las universidades públicas entre las instituciones más confiables del país, lo cual significa que sí generan un cierto escozor para el poder público, cuyos titulares y órganos se encuentran en los últimos peldaños de la confianza pública nacional.
“Vale la pena que hagamos un análisis introspectivo y que preguntemos si no hay elementos que puedan dar lugar a críticas y que, en determinados momentos, puedan hacer vulnerables a las universidades. Las universidades están obligadas a una recapitulación del uso de sus recursos, porque también hay pecados en las instituciones”, indicó.
El doctor Adrian Acosta, investigador de la UdeG, apuntó que en los últimos 40 años existen episodios de conflicto entre instituciones de educación superior no sólo con órganos federales, sino también con los poderes estatales, lo que revela que los conflictos y las tensiones no están resueltos de una vez y para siempre.
“Lo que está ocurriendo hoy no es nuevo, quizás es escandaloso y preocupante por las implicaciones; pero esto ha ocurrido en otros momentos y tendrá que resolverse con una firme defensa de los enunciados constitucionales, pero también con mayores evidencias de lo que han hecho las universidades públicas autónomas a lo largo de esos 40 años”, dijo.
Explicó que el gobierno federal está empeñado en subordinar a las universidades a los dictados ya no constitucionales sino políticos y coyunturales, y esto se agrava porque no hay una política federal dirigida a las universidades.
“Es una crítica que se ha hecho a la autonomía sin existir una política clara hacia las universidades. Lo que tenemos es una política de abandono, se han recortado recursos, programas, bajo el supuesto falso de que éstos eran mecanismos neoliberales para la educación superior”, subrayó.
La doctora Soledad Loaeza, de la UNAM, dijo que es un momento difícil para las universidades, y en los últimos tiempos se ha sentido una inquietud por el futuro de los universitarios, de las universidades, de la formación de los jóvenes, de la investigación científica, de la creatividad y de todo aquello que tiene que ver con la misión y vocación de la universidad y que, en cierta forma involucra, el mundo de las artes.
“Lo que me preocupa es que al actuar de esa manera el gobierno manda un mensaje de que lo que le interesa es controlar todo lo que sea autónomo y poner fin a la libertad de enseñanza, investigación, pensamiento y expresión, y ese es el peligro mayor que estamos corriendo. La búsqueda del conocimiento no es necesariamente una actividad elitista. La misión de la universidad es transmitir los valores de la democracia y su visión se ve comprometida si es que se vuelve un transmisor de una doctrina única”, comentó.
El doctor Imanol Ordorika, de la UNAM, dijo que se ha perdido de vista la necesidad de reconocer la naturaleza política de las instituciones de educación superior, particularmente de las públicas, sobre todo en México, donde esto es bastante evidente. Las universidades son instituciones políticas de la sociedad, lo que no quiere decir equipararlas con partidos o sindicatos.
“Yo planteo que la mejor defensa que podemos hacer, desde la universidad, es, en primer lugar, reconocer nuestra apoliticidad interna, abrir procesos necesarios de transformación; nos regimos con leyes y normas muy anticuadas que no corresponden al México y la universidad que tenemos hoy en día, y tenemos que asumir una visión progresista, no defensiva de la autonomía, que vaya en la lógica de priorizar, darle la mayor claridad a los vínculos de la universidad con la sociedad. Reconocer que tenemos que cambiar desde adentro es la mejor manera en la que podemos asumir esa defensa, reconociéndonos como instituciones políticas de la sociedad”, expresó.
La doctora Angélica Buendía, de la UNAM, precisó que la autonomía universitaria está a debate a partir de una serie de eventos que se han señalado, y sobre las posturas del gobierno actual frente a las universidades públicas, la educación superior, la ciencia y la tecnología.
“De 1929 a la fecha se han vivido momentos distintos de la autonomía, acompañados de otros elementos como el financiamiento y la relación con la sociedad; de tal manera que la autonomía debería de ser comprendida en el contexto de las relaciones del Estado, las universidades públicas y la sociedad”.
El Rector del (CUCEA), maestro Luis Gustavo Padilla Montes, señaló que el objetivo de este espacio fue aportar a la reflexión y contribuir al desarrollo educativo del país.
“Nos encontramos frente a un desafío monumental y la mejor manera de poder contribuir, desde la academia, es creando estos espacios de diálogo, de reflexión, de escucha de los actores que están en los diferentes espacios, sobre su visión acerca de diversas problemáticas que estamos pasando como país”, apuntó.
Dijo que la autonomía ha sido históricamente un bien tutelado por el Estado, pero también autonomía significa una responsabilidad institucional; esa libertad que se tiene para autogobernarse, para garantizar la cátedra, investigación y atender los desafíos.
El seminario estuvo moderado por Gilberto Guevara Niebla, Director del Instituto de Investigación Educativa de la UdeG, quien compartió que el tema de la autonomía universitaria ha vuelto al primer plano de la discusión pública, y es el principio que regula la relación entre las universidades públicas autónomas y el Estado; mediante este principio se otorga a la institución universitaria la facultad de autogobernarse y administrar su patrimonio.
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"Piensa y Trabaja"
"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"
Guadalajara, Jalisco, 12 de noviembre de 2021
Texto: Laura Sepúlveda
Fotografía: Coordinación General de Comunicación Social UdeG