Expertos en el área jurídica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, expresaron su firme denuncia a la propuesta del Gobernador de Jalisco para desaparecer al Consejo de la Judicatura del Estado, por considerar que representa una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial.
“No queremos realmente que se toque la autonomía del Supremo Tribunal de Justicia”, manifestó el Mtro. Felipe de Jesús Garibay Valle, quien agregó que “estamos queriendo respaldar la independencia de los poderes, y el poder judicial, como sustentante del equilibrio de justicia”. En este sentido, dijo que “lo que nos preocupa, es que haya una duplicidad en las supuestas iniciativas, que haya un doble criterio y discurso en las autoridades que nos representan.
Por eso, hizo hincapié en la necesidad de formar una corriente de opinión para que “todos los ciudadanos se den cuenta de que nuestra inestabilidad jurídica, está siendo propiciada por estas intromisiones que hacen otros poderes sobre el poder judicial”.
Acerca de la justificación que expuso Emilio González Márquez, sobre la conveniencia económica de su proyecto, Garibay Valle comentó que “tampoco desde la perspectiva del ahorro, vemos un beneficio porque, para que fuera así, tendría que reducirse y desaparecer todas estas aristocracias burocrática que existen, toda esta gente que gana mucho más de lo que desquita”.
En este sentido, el maestro Francisco Jiménez Reynoso, abundó: “en la propuesta, el Poder Ejecutivo, expone que los consejeros percibirán su indemnización en la cantidad equivalente a que si hubiesen trabajado hasta el termino del periodo para el que fueron contratados (2011 ó 2012), lo que implica un pago extraordinario por adelantado, en perjuicio del erario público”.
Además, el Ejecutivo, en el documento que envía al Legislativo, argumenta que el Consejo de Judicatura no cumple son sus obligaciones, señalando fallas y deficiencia en su funcionamiento. Por ello, pretende reformar y derogar algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con la finalidad de otorgarse la facultad para presentar la terna de magistrados del Poder Judicial al Congreso del Estado.
Lo anterior, de acuerdo a Jiménez Reynoso, constituiría “un franco retroceso, en razón que se daría un paso hacia atrás en la democracia contemporánea de nuestro estado”.
Finalmente, a pesar de reconocer que el problema no es la desaparición del Consejo, que fue creado a nivel federal por el presidente Ernesto Zedillo para desempeñar el trabajo administrativo de la Suprema Corte, ambos académicos reafirmaron la necesidad de que este proceso se desenvuelva apegado al marco jurídico, evitando caer en intereses particulares o de grupo. “Es el poder judicial el que tiene que administrarse y evaluarse, y que tiene que proponer sus magistrados y sus jueces, con la opinión incluso del señor Gobernador, los clubes de servicio, las instituciones particulares, pero especialmente de los cuerpos de abogados organizados”, arguyó Garibay Valle.
Guadalajara, Jal., 6 de noviembre de 2009
Texto: Alberto Spiller
Fotografía: Abel Hernández
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas