Al inaugurar la séptima edición edición del Diplomado en Amparo, en el Auditorio Silvano Barba, el Dr. Héctor Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), expresó que hay una carga de responsabilidad muy importante que crece sobre los hombros de los abogados de este país: contribuir a la estabilidad, justicia y seguridad de México, y que esto sólo puede ser posible con la educación.
Por su parte, el doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, director de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, resaltó que, a pesar de que existe una nueva ley de amparo desde el año 2011, "aún estamos en pañales", porque las nuevas disposiciones de la ley se llevaron a cabo en el 2013. Asegura que, aunque es un proceso, el objetivo será ir encauzando el curso de la protección de los derechos fundamentales hacia el máximo rendimiento.
"El nuevo juicio de amparo, aparte de seguir cumpliendo funciones tradicionales y hacerlo con mucha más eficacia, tiene elementos que le permiten adaptarse a las actuales circunstancias jurídicas, sociales y políticas existentes en este país, que va de la mano con la reforma constitucional sobre derechos humanos", aseguró Miranda Camarena.
Al acto inaugural también asistieron el Dr. Marco Antonio Godínez Enríquez, secretario de la División de Estudios Jurídicos; el Mtro. Jorge Humberto Chavira Martínez, coordinador general del diplomado; el Mtro. José Miguel Ramírez González, presidente de la Academia de Amparo y la Dra. Verónica Martínez Espinoza, senadora por el Estado de Jalisco.
El maestro Chavira Martínez comentó que la reforma se refiere a un cambio absoluto en el sistema penal de aplicación de la justicia. Habló del sistema "caduco" que hoy impera e hizo referencia a algunos problemas estructurales que se presentan en la sociedad; por ejemplo, el hecho de que la corrupción en la sociedad ha estado "floreciendo" y que los propios delincuentes se han dado cuenta que no se castigan los delitos y el 97 por ciento de éstos son "negros", sin sentencia.
Cuando la senadora Martínez Espinoza tomó la palabra, habló de casos en donde se determina dejar en libertad por la forma de obtención de las pruebas y logran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que no hubo un debido proceso y que había que permitir la libertad, en detrimento de las víctimas del delito, como sucedió en el caso de Florence Cassez y el caso Caro Quintero.
A T E N T A M E N T E
“Piensa y Trabaja”
Guadalajara, Jal., 19 de octubre de 2013
Texto y fotografía: CUCSH