Luego de la última asamblea celebrada en la comunidad nahua de Ayotitlán, Jalisco, el 2 de noviembre pasado, en la que la elección para escoger al nuevo presidente de la mesa directiva del comisariado ejidal de Ayotitlán, que recayó en Juan Mancilla, y que fue impugnado por un grupo opositor, que representa los intereses de la minera Peña Colorada, la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI), de la Universidad de Guadalajara, brindará asesoría legal para resolver el caso.
El jefe de la UACI, César Díaz Galván, así como el responsable del Área de justicia y autonomía de la misma dependencia universitaria, Jaime Hernández Lamas, explicaron en rueda de prensa la tensa situación que viven los habitantes de la comunidad de Ayotitlán, sobre todo cuando en la elección pasada el presidente de la mesa de debates y uno de los escrutadores abandonaron la sesión sin firmar el acta de la asamblea, con la idea de generar las condiciones necesarias para impugnar los actos y actas e invalidar el triunfo de Juan Mancilla.
En un comunicado de prensa emitido por el representante legal del Consejo de mayores de Ayotitlán, Gaudencio Mancilla Roblada, y el presidente electo, Juan Mancilla, que fue leído por Díaz Galván, mencionan que pese a lo sucedido, “existe la convicción y esperanza, tanto de las autoridades tradicionales como de la comunidad en general, de que dichas personas aceptarán firmar (el acta), y con ello se concluirá el proceso, se iniciarán las bases para una cohesión social y, por ende, la gobernabilidad en paz y armonía en beneficio de los habitantes del ejido”.
Continúa el boletín: “854 ejidatarios emitieron su voto, 415 votos apoyaron a la planilla roja representada por Juan Mancilla, e impulsada por el Consejo de Mayores de Ayotitlán, y 391 votos correspondieron a la planilla verde representada por Ernestino Ciprián, apoyada por la minera Peña Colorada, y 50 votos fueron anulados. La asamblea se realizó en un ambiente de tensión y un fuerte e intimidante resguardo policíaco, efectuándose el proceso a cuenta gotas y a lo largo de 20 horas de sesión”.
Díaz Galván explicó que desde más de 14 años, la Universidad de Guadalajara ha apoyado a la comunidad nahua de Ayotitlán en diversos ámbitos, sobre todo en un “proyecto de asesoría jurídica y defensa de los derechos humanos, proyecto que inició con la formación de comités en las comunidades para que sean los mismos habitantes indígenas quienes realicen sus labores de defensoría; es decir, que no dependan de actores externos”.
Por lo mismo, “hemos procurado desarrollar los proyectos desde una perspectiva de respeto de las decisiones de la comunidad, de acompañamiento de sus iniciativas y no imposición de políticas públicas. La Universidad ha tratado de diseñar un apoyo distinto que parta, primero, de entender que los indígenas son sujetos de derecho público, contrario a lo mismo que establece la misma Ley indígena del estado de Jalisco, que los reconoce sólo como entidades de interés público”.
“Para nosotros, las comunidades indígenas deben ser actores de su futuro y su presente. En esta última asamblea los hemos acompañado y los hemos orientado para brindarles certeza jurídica y formas alternativas para la reconciliación y el diálogo. También lo hemos hecho sobre sus posesiones territoriales, y así combatan el rezago agrario que enfrenta esta comunidad desde hace más de 40 años, para que así renegocien con la Minera Peña Colorada, para que obtengan por lo menos 100 veces más de lo que en la actualidad les da la empresa por explotar su territorio”.
Guadalajara, Jal., 7 de noviembre de 2008
Texto: Juan Carrillo Armenta
Fotografía: Abel Hernández
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas