Ante los cambios en julio de 2008 de los artículos 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Mexicana, y que el Congreso del Estado de Jalisco pretende adaptar y comenzar a aplicar en nuestro estado a partir del 1 de enero de 2010, expertos de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara, se manifestaron en contra por carecer de un adecuado análisis y de la factibilidad que requieren dichos cambios.
Humberto Chavira Martínez, director de la división, Adrián Miranda Camarena, José Luis González Monteón y Felipe de Jesús Garibay Valle, todos ellos expertos en el área, manifestaron su preocupación por dichas adecuaciones, 14 iniciativas de ley en total que pretenden implantar en Jalisco, todas ellas relacionadas con cambios en procedimientos penales, cambios de las penas para los infractores, reformas que derogan o adicionan diversos artículos de las leyes en materia penal, que representan un grave riesgo.
“Los tiempos de los legisladores están obligándolos a que sean aprobadas estas iniciativas de manera rápida e improvisada. No ha habido los estudios necesarios por las universidades, bufetes jurídicos, expertos en la materia y en general, por los actores y los protagonistas en materia de justicia penal en el estado. No deben tratarse a la carrera estos cambios porque es imposible analizar con detenimiento cada artículo, hacerles las modificaciones requeridas y los comentarios necesarios, sobre todo cuando hay un plazo de hasta de ocho años”, señalaron en entrevista conjunta.
Además, agregaron los investigadores universitarios, dichas reformas requieren de cambios de infraestructura, logística y capacidad instalada, además de suficiente personal que el estado no tiene, amén de la información que deben tener los abogados, despachos, jueces, ministerios públicos y demás actores involucrados, y la misma población que debería estar bien informada, leyes que están hechas sobre las rodillas y más motivados por cuestiones políticas que jurídicas”.
Señalaron que las reformas a los artículos de la Constitución tampoco vendrán a solucionar la grave deficiencia que tiene el país en materia de justicia, sobre todo porque “solo son cambios cosméticos. Ellos creen que por el simple hecho de hacer cambios en las leyes van a solucionar la delincuencia que priva en todo el país. Esa es una mentira, además de que estas propuestas son también confusas y están muy revueltas”.
Entre las principales modificaciones que plantea esta reforma de justicia penal en el país está el de darle más autoridad y absoluta libertad al juez, quien será al fin de cuentas quien venga a decidir con apego más a su propio criterio y a su “sana crítica” las reglas para las pruebas y valorización de los casos. “El peligro principal es el subjetivismo al que las leyes van a estar expuestas, pues el mismo Ministerio Público tendrá que tratar con el juez para proceder en caso de algún delito,. Eso pondrá de cabeza a todo el sistema de justicia en el país”, aseveró Garibay Valle.
Guadalajara, Jal., 20 de octubre de 2009
Texto: Juan Carrillo Armenta
Fotografía: José María Martínez
Edición de noticias: LCC Lupita Cárdenas Cuevas