Un sistema de justicia moderno que no distinga entre personas, la participación de la sociedad civil y un sistema político que permita los aportes ciudadanos, son elementos fundamentales para que México avance en el combate contra la corrupción, coincidieron especialistas en la materia reunidos en una mesa de diálogo organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).
Como parte del debate “El laberinto de la corrupción. ¿Cómo derrotar a la cultura de la ilegalidad?”, el doctor Alfonso Hernández Valdez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, afirmó que el avance en la lucha contra este problema “ha sido modesto” debido a la disparidad que hay entre los 32 Estados del país y a problemas políticos que inciden en designaciones de funcionarios clave.
Dijo que aunque en las entidades es donde se registra “buena parte de la corrupción”, sólo 25 por ciento de éstas han instalado su Comité de Participación Ciudadana, que debe formar parte de los sistemas estatales anticorrupción.
Añadió que esto es parte de las inequidades y “la poca densidad de organizaciones civiles” que hay en algunas regiones del país, pero también de una “gran resistencia a los procesos de gobernanza de los partidos políticos y las autoridades de gobierno, que creen que hacer política pública es un asunto exclusivo de ellos, y hay poco ánimo en que la sociedad civil organizada participe en la toma de decisiones”, aseguró Hernández Valdez.
Destacó, además, la postergación en la designación de un fiscal anticorrupción, un atraso que consideró “muy grave”, ya que “es una pieza importante” para el buen desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción, pero “por cuestiones políticas y agenda en el Congreso de la Unión, además del tema electoral en puerta, no ha sido nombrado”.
El doctor Marco Antonio Fernández Martínez, coordinador del área de Anticorrupción y Educación de la organización “México evalúa”, coincidió en que el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido afectado por “la resistencia de una parte importante de la clase política para discutir, de forma abierta”, quiénes encabezarán los puestos clave para diversos ámbitos que tienen que ver con corruptelas.
Fernández Martínez enumeró algunos nombramientos de funcionarios que tendrán responsabilidades importantes en puerta y que “no queda claro cómo van a salir”, por ejemplo los 18 magistrados que calificarán las elecciones locales o el sustituto del Procurador General de la República y la transformación de esta dependencia en una fiscalía independiente que “tenga capacidad para dar resultados”.
Llamó a ciudadanos, empresarios, dependencias de gobierno y clase política a pasar de la queja a la acción para lograr visibilizar los actos corruptos que tienen lugar en sus ámbitos, y evitar los costos económicos y de vidas humanas que trae consigo este problema.
El maestro Jorge Alberto Alatorre Flores, investigador de la UdeG y coordinador del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, afirmó que es importante “cancelar el voluntarismo legislativo que supone que basta con la creación compulsiva de normas o el endurecimiento sucesivo de penas” que no son útiles ante los altos índices de impunidad.
Dijo que hacen falta “buenas leyes reconocidas por todos y aplicadas con justicia a todos” que eviten la desigualdad jurídica que prevalece en el país, pero también “ciudadanos de mayor profundidad y compromiso” en pro de causas comunes.
A T E N T A M E N T E
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal., 13 de noviembre de 2017
Texto: Mariana González
Fotografía: David Valdovinos