La Ley de Obra Pública propició el surgimiento de la figura de testigo social, que tendrá, entre sus funciones, que las obras públicas se contraten de manera transparente para combatir la corrupción en el Estado, afirmó la maestra María Teresa Brito Serrano, Contralora General del Estado, durante su participación en el panel “Los efectos del Sistema Nacional Anticorrupción en el derecho ambiental y urbanístico”, en el Auditorio Carlos Ramírez Ladewig.
Los testigos sociales son observadores externos cuya responsabilidad es formular observaciones en los temas de obra pública con base en los planes de desarrollo urbano. Tienen esa obligación y ese compromiso. Por lo tanto, deberán de ser sancionados si no cumplen con sus funciones, dijo Brito Serrano.
La nueva Ley de Obra Pública fue aprobada en noviembre de 2017, y cobra vida jurídica durante el mes de julio. Hasta que llegue esa fecha se tiene que elaborar el reglamento, en el que deberá ser fortalecida la figura del testigo social, que se está implementando bajo el amparo del Sistema Estatal Anticorrupción.
Los testigos sociales estarán al pendiente de que una obra pública tenga el presupuesto correspondiente, y un estudio previo de costo-beneficio en el que se indique, por ejemplo, si una carretera es útil para una población o varias.
“Con estos testigos sociales se aspira a que la obra pública en el Estado se contrate considerando los elementos que se requieren para un buen uso del suelo y su utilización adecuada, en el ámbito municipal”, subrayó.
El Auditor Superior del Estado, Alejandro Ortiz Ramírez, señaló que es una mentira la afirmación de que se puede acabar con la corrupción a través de un determinado sistema de gobierno en uno o dos años. Sin embargo, la corrupción sí puede controlarse porque tiene efectos en lo económico, político y social.
Destacó que ninguna reforma a la ley por sí sola va a tener éxito si existe corrupción, y añadió que debe de haber sanciones políticas, sociales y mucha consciencia sobre lo que la corrupción afecta a la sociedad.
Ortiz Ramírez dijo que la corrupción es practicada por los ciudadanos cuando dan, por ejemplo, mordida al policía o dinero al servidor público de ventanilla para agilizar un trámite. “De esa manera se va carcomiendo la ética pública, de la cual nosotros somos usuarios”, acotó.
El panel fue organizado por la División de Estudios Jurídicos, el Departamento de Derecho Social y la Academia de Derecho Ambiental y Urbano, adscritos al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG.
A T E N T A M E N T E
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco, 24 de abril de 2018
Texto: Martha Eva Loera
Fotografía: Adriana González