Si bien, el Sistema Nacional Anticorrupción es un primer paso para fortalecer el estado de derecho y coordina a diferentes dependencias para articular esfuerzos en el combate a los actos de descomposición política, también es complejo y sustentado en instituciones que han demostrado ineficiencia, además de que no incluye la declaración fiscal, ni frena el flujo de recursos a las campañas políticas.
Así lo señalaron los participantes en el panel “Aportaciones y limitaciones del Sistema Nacional Anticorrupción”, realizado en la 30 Feria Internacional del Libro (FIL). El encuentro fue coordinado por el Rector del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y la Rectora del Centro Universitario de Los Altos (CUAltos), doctora Mara Robles Villaseñor.
María Amparo Casar, directora anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), ponderó que se haya creado un engranaje que conecta a instituciones entre ellas y con la sociedad, y que se replicará en los estados.
Se trata de la vinculación entre el Tribunal Administrativo, para perseguir las faltas administrativas, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y las nuevas funciones de dicha fiscalía acéfala.
El doctor en Ciencia Política Mauricio Merino, señaló que la corrupción no se resuelve persiguiendo corruptos, porque si las condiciones de descomposición continúan, surgirá otro corrupto detrás del encarcelado, pero tampoco se soluciona buscando santos para integrarlos a consejos ciudadanos. Señaló que lo que falta es “fontanería democrática”.
“Las instituciones no funcionan porque están todas desconectadas; porque no están teniendo efecto. Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación no producen efectos porque no están conectadas con el Ministerio Público y porque no generan concecuencias en materia de responsabilidades. Ya querían desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, que está renaciendo, porque no les interesaba”, subrayó.
El ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, explicó que el sistema es incompleto en cuanto a las declaraciones 3de3, ya que por ejemplo, la declaración fiscal se limita a entregar únicamente la carátula sin detallar las cifras que reciben los políticos.
“Esto los pone a tono con Estados Unidos y con Donald Trump, quien dijo que sobre su cadáver entregaba su declaración fiscal, y lo que es más: no la entregó y ganó. Entonces ya podemos hacer lo mismo en México. No entregarla y ganar. Me parece que esto es una simulación. Más allá de su diseño, más allá de que puede tener sus virtudes. Sé que esto es lo que se podía hacer. Pero éste aspecto en particular me parece que tiene engaño”, dijo Castañeda.
El senador de la República Manuel Barttlet dijo que este sistema no funcionará porque está sustentado en las mismas instituciones que han demostrado su ineficacia, y no toca los privilegios del presidente.
“Si no hay posibilidad de poder enjuiciar al presidente de la República, no habrá ningún sistema anticorrupción que funcione, porque él es el principal, y los ex presidentes también tienen que ser juzgados. En Guatemala, que es un país más pequeño que nosotros, ya metieron a la cárcel a un ex presidente, ¿por qué aquí no?”, cuestionó Bartlett.
Roberto Gil Zuarth, también senador, recordó que el combate a la corrupción era selectivo y no había reglas y procedimientos para castigar a malos funcionarios; además de que 90 por ciento de las sanciones que se aplican son administrativas, pero no se persiguen peces gordos. La ley antigua además era inaplicable, pues especificaba más de 6 mil supuestos. Este nuevo sistema no sólo castiga los actos negros de corrupción, sino también a los grises.
“Este sistema permite que los sistemas de información, inteligencia, auditoría, fiscalización, transparencia, control y persecución penal ya existentes en nuestro diseño, se hablen y se comuniquen entre sí. No se hablaban”, añadió Gil.
A T E N T A M E N T E
“Piensa y Trabaja”
Guadalajara, Jal., 3 de diciembre 2016
Texto: Julio Ríos
Fotografía: Gustavo Alfonzo