En nombre de la Universidad de Guadalajara, deseo expresar que lamento profundamente las declaraciones del gobernador de Jalisco, Lic. Emilio González Márquez, vertidas el día 12 de los corrientes ante distintos medios de comunicación.
Cuando la Universidad de Guadalajara ha requerido más presupuesto, lo ha demandado abierta y francamente con argumentos públicos, cualquiera que sea el tono de la relación con los distintos órdenes de gobierno, y sin más motivación que la de cumplir mejor con sus funciones, porque así nos lo exigen la sociedad de Jalisco y el desarrollo del país. Debemos subrayar que los criterios y estándares de calidad educativa, investigación científica y extensión que hoy en día nos gobiernan son de carácter internacional.
De la misma forma, cuando la Universidad de Guadalajara exige que las investigaciones sobre los atentados contra dos miembros de su comunidad, uno de ellos con saldos fatales, se conduzcan con eficiencia y apegadas a derecho, lo hace buscando justicia y respeto a la legalidad. Demandar indagaciones justas es nuestra responsabilidad y también una de nuestras obligaciones de cara a los universitarios.
Si las investigaciones se resuelven conforme a derecho, seguiremos demandando un trato presupuestal más adecuado. Y si se nos incrementa el presupuesto, seguiremos demandando indagatorias judiciales más expeditas y eficaces. Ambos requerimientos no son únicamente de nuestro interés, sino asuntos de trascendencia social, económica y cultural para Jalisco y para México.
Debo agregar que una de las principales responsabilidades de la universidad pública mexicana consiste en el ejercicio abierto y permanente de la crítica en las cuestiones de interés público, e igualmente ella misma ser objeto de cuestionamiento y escrutinio. La crítica fundada y constructiva es un incentivo imprescindible para el cultivo de las virtudes sociales, y estimula el mejor desempeño de las colectividades y las instituciones. La crítica es una condición de la modernidad y del progreso. Así lo entienden las autoridades federales y por ello no condicionan el financiamiento en educación superior mas que al cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas de educación superior del país.
La sociedad y el gobierno de Jalisco deben contar con la garantía de que la Universidad de Guadalajara no evade su responsabilidad en el ejercicio de la crítica pública, ni tampoco lo hará porque se le incrementen los recursos financieros para realizar su labor. Menos aún puede renunciar a las exigencias de justicia jurídica y respeto al estado de derecho.
Efectivamente, la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco interactúan cotidianamente en un marco de respeto y colaboración: investigadores de la Universidad son parte de proyectos gubernamentales en las más diversas áreas de trabajo; nuestros alumnos realizan su servicio social y sus prácticas profesionales en muchas oficinas de gobierno; trabajamos juntos para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses, acrecentar sus conocimientos e incentivar sus talentos y capacidades. Tenemos la obligación de seguirlo haciendo cada cual en el ejercicio de sus responsabilidades específicas y cumpliendo con su particular misión social.
Las divergencias ni la confrontación de opiniones nos distraen de nuestra obligación de cooperar y contribuir, ni merman el respeto que debemos a todas las entidades y funcionarios públicos, particularmente al gobernador de Jalisco. Este mismo trato lo esperamos del gobierno y del señor gobernador, con más ahínco incluso, justamente porque su opinión involucra consecuencias más amplias para la sociedad de Jalisco y, por supuesto, para su máxima casa de estudios.
A T E N T A M E N T E
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General
Universidad de Guadalajara
Piensa y Trabaja