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Carta abierta

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C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

La Universidad de Guadalajara tiene más de doscientos años de existencia y durante varios decenios fue la única opción de formación de profesionistas en el occidente de México. Hoy, sus indicadores de calidad y cobertura la convierten en una de las primeras instituciones públicas de educación superior y en un gran activo de investigación científica y difusión cultural del país.
   
Más del 90% de su matrícula de licenciatura se cursa en programas acreditados; cuenta con el mayor número de investigadores nacionales y profesores con reconocimiento PROMEP entre las universidades públicas estatales; y es la segunda nacional ––y la primera fuera del Distrito Federal–– con la cifra más alta de posgrados en el padrón de calidad del CONACYT.
 
Posee un sistema de educación media superior con planteles en prácticamente todos los municipios de Jalisco y atiende al 53% de los estudiantes de ese nivel.  
 
Ofrece servicios de pregrado y posgrado en 14 centros universitarios metropolitanos y regionales, así como en el Sistema de Educación Virtual, en los que se forman más del 50% de los estudiantes de Jalisco.  
 
Sin embargo, actualmente la Universidad de Guadalajara enfrenta una severa crisis financiera, la cual amenaza con llevarla, en el corto plazo, a una parálisis institucional de consecuencias imprevisibles para la continuidad de los programas educativos y los proyectos de investigación, extensión y vinculación.  
 
Varios son los factores que explican esta situación. El más importante es el hecho de que la Universidad de Guadalajara, en todo el sistema nacional de universidades públicas, es la que recibe menos financiamiento por alumno por parte del Gobierno de la República. En efecto, mientras que la media nacional del subsidio ordinario federal por alumno a las universidades públicas estatales asciende a poco más de 22 mil pesos anuales, esta cifra es de sólo 11 mil pesos para la Universidad de Guadalajara. Lo anterior es el reflejo de que a partir del año 2000 la Federación paulatinamente dejó de aportarle a la Universidad de Guadalajara el 52% de su subsidio ordinario anual, tal y como históricamente ocurría de acuerdo con los convenios establecidos.  
 
Hoy en día, el Gobierno Federal sólo le aporta a nuestra casa de estudios el 44% de su presupuesto irreductible, mientras que el Gobierno de Jalisco le otorga el 56%.  
 
Esta circunstancia ya de por sí dificulta el desempeño institucional, pero se ha vuelto más aguda por la carga pensionaria que soportan las finanzas de la Universidad de Guadalajara. En 2003, realizamos una de las reformas pensionarias más profundas del país, la cual estableció un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones que incluyó a las generaciones presentes de académicos y trabajadores administrativos, brindándoles certidumbre y abatiendo un pasivo contingente de más de 50 mil millones de pesos. Como resultado de dicha reforma, la institución debió sostener con su gasto regular la nómina de jubilados, histórica y vigente, esperando a que el nuevo régimen capitalice sus reservas hasta finales de 2013 de acuerdo con la previsión actuarial correspondiente. Mientras eso sucede, el cumplimiento de esa responsabilidad, al no recibir aportaciones para tal fin de los gobiernos federal y estatal, le ha causado a la institución un déficit a su gasto de operación cercano a los 700 millones de pesos.  
 
Por otra parte, la Universidad de Guadalajara ha hecho suyas las metas de crecimiento de matrícula contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ello ha implicado un esfuerzo extraordinario, pues Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en cobertura. En los últimos cinco años hemos incrementado la matrícula prestando atención a la calidad, pero con fondos extraordinarios aportados por la Secretaría de Educación Pública y la Cámara de Diputados, y no con apoyos que se hubieran incorporado al presupuesto ordinario irreductible, generándose con ello un déficit adicional en nuestro gasto de operación de más de 300 millones de pesos.
 
La crisis presupuestal motivó que el 22 de diciembre de 2010 se suscribiera un convenio entre el Gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal, que condujo a la instalación de una mesa de diálogo con el fin de resolver en definitiva sobre el desfasamiento del subsidio federal ordinario a nuestra casa de estudios. Después de varias reuniones convocadas por la Secretaría de Gobernación, se llegó a un acuerdo plasmado en un documento que establece la necesidad de incrementar las aportaciones federales a la Universidad de Guadalajara para llegar al 52% que históricamente establecen los convenios de aportación al subsidio ordinario. Sin embargo, varios meses han transcurrido de este año sin que dicho acuerdo se concrete y la situación financiera de la Universidad de Guadalajara es cada vez más apremiante.
 

Señor Presidente:
El pasado 17 de junio, el Consejo General Universitario acordó solicitarle su intervención para que sea autorizado el aumento del subsidio ordinario en los términos planteados. Asimismo, el máximo órgano de gobierno universitario decidió pedirle una audiencia con carácter urgente, de manera que una comisión encabezada por nuestro Rector General le pueda explicar con detalle la difícil situación que hoy vive la máxima casa de estudios de Jalisco.
 

ATENTAMENTE
“Piensa y trabaja”
Guadalajara, Jal., 22 de junio de 2011
El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara